La XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo dio un paso hacia la modernización institucional al turnar a comisiones un paquete de iniciativas impulsadas por el grupo legislativo de Morena, orientadas a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción bajo principios de austeridad, transparencia y paridad de género.
Las propuestas legislativas buscan armonizar el marco jurídico estatal con el modelo nacional, simplificando la estructura normativa y fortaleciendo los mecanismos de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.
Durante la sesión ordinaria número 29, las y los legisladores dieron lectura a una iniciativa de reforma al artículo 161 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de trasladar disposiciones procedimentales a leyes secundarias y dar mayor claridad y funcionalidad al texto constitucional.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación formal del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo dentro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, reconociendo el acceso a la información pública como una herramienta clave para detectar y combatir actos de corrupción.
En paralelo, otra de las iniciativas plantea modificaciones a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, ajustando su operación a criterios de racionalidad administrativa y austeridad republicana.
Como parte de las adecuaciones, se propone reducir de cinco a tres años el periodo de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana, con el propósito de evitar rezagos y agilizar los procesos internos del sistema.
Además, se fortalece el principio de pluralidad al establecer que dicha comisión deberá integrarse por perfiles académicos y representantes de la sociedad civil, garantizando en todo momento la paridad de género.
En la misma sesión, el Congreso local aprobó reformas a la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado y a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, enfocadas en fortalecer la inclusión, ampliar competencias institucionales y consolidar la protección de los derechos humanos.
En el caso de la Defensoría Pública, las modificaciones impulsan el uso de lenguaje incluyente y no sexista, con el objetivo de visibilizar a todas las personas y contribuir a la eliminación de estereotipos de desigualdad.
Respecto a la Comisión de Derechos Humanos, las reformas amplían su competencia para investigar presuntas violaciones cometidas por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, además de establecer la igualdad sustantiva como eje rector de sus resoluciones y procedimientos.
Con estas acciones, la XVIII Legislatura busca consolidar instituciones más eficientes, modernas y cercanas a la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia y el combate a la corrupción en Quintana Roo.
