Una nueva investigación periodística colocó nuevamente en el centro de la polémica al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que documentos fiscales exhibieran presuntas operaciones irregulares realizadas por una empresa vinculada directamente con sus hijos, en un entramado que involucra compañías fantasma, cancelación masiva de facturas y posibles esquemas de evasión fiscal.
La investigación señala que la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, habría mantenido relaciones comerciales con al menos nueve Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como “empresas fantasma”, por montos que superarían los 136 millones de pesos.
La publicación detalla que la constructora, fundada en 2009 en Culiacán, reportó inconsistencias fiscales ante el SAT, incluyendo la cancelación sistemática de facturas entre 2015 y 2021, con montos que alcanzaron más de 124 millones de pesos en comprobantes anulados. Tan solo en 2019, las facturas canceladas representaron más del 33 por ciento de lo facturado ese año, una práctica que especialistas consideran un posible mecanismo para disminuir obligaciones fiscales.
También se menciona que la empresa tuvo operaciones con compañías ya boletinadas oficialmente por el SAT y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por presuntas operaciones inexistentes. Entre ellas aparecen firmas como Construcción y Diseño Nueva Era, Comercializadora Vigía del Pacífico y Grupo Total Más y Compañía.
El escándalo golpea directamente al círculo familiar del mandatario morenista, quien ya enfrenta señalamientos públicos por presuntos vínculos de operadores cercanos con redes financieras bajo investigación. Apenas semanas atrás, otro reportaje había revelado que una red empresarial ligada a los hijos de Rocha Moya habría concentrado cientos de millones de pesos en contratos y operaciones durante la actual administración estatal.
La presión política crece en Sinaloa en medio de una crisis de violencia y cuestionamientos sobre presuntos privilegios y conflictos de interés dentro del gobierno estatal. Hasta el momento, ni el gobernador ni sus hijos han emitido una postura pública detallada sobre las nuevas revelaciones.
El caso vuelve a encender el debate sobre el uso de empresas vinculadas al poder político para operar recursos públicos y esquemas fiscales opacos, mientras organismos ciudadanos y sectores de oposición exigen investigaciones formales por parte del SAT, la UIF y la Fiscalía General de la República.
