La presión del gobierno de Estados Unidos sobre la clase política mexicana escaló nuevamente. El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, advirtió que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con los cárteles del narcotráfico, en medio del terremoto político provocado por las investigaciones contra figuras cercanas al poder en Sinaloa.
Las declaraciones encendieron las alarmas dentro de Morena y en diversos círculos políticos del país, luego de que autoridades estadounidenses revelaran que las investigaciones no se limitarán al caso del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, sino que podrían alcanzar a más funcionarios y operadores políticos señalados por presuntos nexos con estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa y particularmente a la facción de Los Chapitos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las indagatorias avanzan con información obtenida de narcotraficantes extraditados y colaboradores protegidos, entre ellos integrantes de la organización criminal fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades estadounidenses sostienen que existieron pactos políticos, protección institucional y respaldo electoral desde estructuras del crimen organizado.
La advertencia ocurre en uno de los momentos más delicados para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Mientras el gobierno mexicano insiste en exigir pruebas formales, Washington endurece el discurso y deja claro que la ofensiva judicial apenas comienza.
El caso ya provocó una fuerte confrontación política en México. Legisladores de oposición han acusado una posible infiltración del narcotráfico en estructuras de gobierno, mientras Morena denuncia una supuesta intervención extranjera y un intento de golpear políticamente al movimiento oficialista.
Las investigaciones estadounidenses también han puesto bajo reflector a operadores de seguridad, funcionarios municipales y actores políticos de Sinaloa, en una narrativa que apunta a una presunta red de protección institucional para el tráfico de drogas, armas y fentanilo hacia territorio norteamericano.
La advertencia de Washington deja un mensaje contundente: la narcopolítica mexicana ya no está siendo observada únicamente como un problema interno, sino como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.
