En medio del terremoto político que golpea a Morena por las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, obtuvo un amparo para frenar cualquier intento de extradición hacia territorio estadounidense.
La suspensión fue concedida por el juez Rafael Linares Rivera, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, quien ordenó detener provisionalmente cualquier acto relacionado con una posible captura, localización o entrega del exfuncionario a autoridades norteamericanas.
Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y cercano al círculo político del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, es señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente recibir sobornos y brindar protección a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa durante su paso por la Secretaría de Seguridad estatal.
La resolución judicial ha generado fuertes críticas en redes sociales y entre sectores de oposición, donde acusan que nuevamente “la justicia del bienestar” sale al rescate de personajes ligados al escándalo de narcopolítica que sacude a Morena.
El amparo impide momentáneamente que Mérida Sánchez pueda ser detenido con fines de extradición mientras se resuelve el juicio de garantías, cuya audiencia constitucional quedó programada para junio próximo.
El caso forma parte de una amplia investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra exfuncionarios y operadores políticos de Sinaloa presuntamente vinculados con estructuras criminales ligadas al tráfico de drogas hacia territorio norteamericano. Entre los nombres señalados también aparecen Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros exmandos de seguridad.
La decisión del juez federal vuelve a encender el debate sobre el papel del Poder Judicial frente a personajes cercanos al oficialismo, especialmente en casos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado y solicitudes internacionales de captura.
