El escándalo político en Sinaloa subió de tono luego de que Markitos Toys admitiera públicamente que apoyó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos”.
La revelación fue difundida por Carlos Loret de Mola, quien destacó que el influencer sinaloense no sólo reconoció su respaldo político a Rocha Moya, sino que también habló de vínculos amistosos con personajes ligados al narcotráfico, lo que volvió a encender las alertas sobre la delgada línea entre poder político, celebridad digital y crimen organizado.
El caso golpea directamente al entorno político de Morena en Sinaloa. La admisión de Markitos Toys no es menor: confirma que figuras con enorme influencia en redes sociales participaron en la narrativa de respaldo a Rocha Moya, mientras éste enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntas conexiones con estructuras criminales.
La situación se vuelve más delicada porque Markitos Toys ha sido relacionado mediáticamente con el ambiente de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Aunque el influencer ha negado formar parte de actividades criminales, sus declaraciones sobre relaciones amistosas con figuras del narco alimentan el debate sobre cómo ciertos personajes públicos normalizan la cercanía con actores del crimen organizado.
En términos políticos, el mensaje es explosivo: ya no se trata sólo de acusaciones contra un gobernador con licencia, sino de una posible red de legitimación social y mediática alrededor de personajes señalados por Estados Unidos.
Mientras Morena intenta contener el costo político del caso Rocha Moya, la aparición de Markitos Toys en la conversación pública abre otro frente: el de los influencers, empresarios y operadores sociales que, desde plataformas digitales, pudieron haber contribuido a construir respaldo político en territorios marcados por la presencia del narcotráfico.
El escándalo apenas empieza. Y en Sinaloa, cada nueva declaración parece empujar más cerca la pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegó la relación entre política, redes sociales y crimen organizado?
