Un nuevo frente de crisis política se abre para el oficialismo. Un diputado federal del Partido Verde Ecologista de México lanzó acusaciones directas contra figuras clave de Morena, asegurando que desde 2020 existe una red política vinculada al huachicol que involucra a gobernadores, legisladores y dirigentes del partido.
El señalamiento es delicado por su alcance: el legislador Mario López Hernández afirmó que personajes como Américo Villarreal y Mario Delgado, así como alcaldes y otros actores políticos, estarían ligados a estructuras relacionadas con el robo de combustible. Según su versión, incluso fue invitado a integrarse a ese grupo político en 2020, propuesta que asegura haber rechazado.
No se trata de una acusación menor ni aislada. El propio legislador describió la existencia de un entramado político que operaría con fines de control territorial y continuidad en el poder, particularmente en Tamaulipas, una de las entidades históricamente afectadas por el tráfico ilegal de combustibles.
El impacto de estas declaraciones va más allá de lo mediático. Se insertan en un contexto donde el huachicol ha dejado de ser únicamente un delito económico para convertirse en un fenómeno con implicaciones políticas, electorales y de seguridad nacional.
Además, estos señalamientos se cruzan con otros episodios recientes que han reavivado el debate sobre la llamada narcopolítica, particularmente tras el caso de Rubén Rocha Moya, señalado desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ese antecedente ha abierto un flanco crítico para Morena, donde cada nueva acusación refuerza una narrativa de posible infiltración criminal en estructuras de poder.
El problema para el oficialismo es doble. Por un lado, enfrenta acusaciones que provienen de un aliado político dentro de la misma coalición; por otro, la falta de una respuesta contundente puede interpretarse como incapacidad para contener el desgaste.
Hasta ahora no existen resoluciones judiciales que acrediten estas imputaciones. Sin embargo, el costo político ya está en marcha. En un entorno donde la seguridad es prioridad, este tipo de señalamientos impacta directamente en la credibilidad institucional.
El fondo es claro: el discurso de combate al crimen organizado enfrenta su mayor prueba cuando las acusaciones surgen desde dentro.
Y en política, esos golpes suelen ser los que más pesan.
