El nombre de Rubén Rocha Moya vuelve al centro del debate público, no sólo por las recientes acusaciones que lo rodean, sino por un historial de denuncias que, según víctimas, permanecen sin avance en instancias federales desde hace más de cuatro años.
De acuerdo con testimonios de denunciantes, desde 2021 se interpusieron querellas ante la Fiscalía General de la República por presuntos hechos relacionados con secuestro en el contexto del proceso electoral de ese año en Sinaloa. Sin embargo, las carpetas de investigación no han sido judicializadas ni han mostrado progreso sustancial, lo que ha generado un creciente reclamo por presunta inacción institucional.
Las víctimas sostienen que, pese a haber aportado datos de prueba, las autoridades han desestimado los casos bajo el argumento de insuficiencia probatoria. En los hechos, esto ha significado que no se activen mecanismos legales clave como la consignación, la solicitud de órdenes de aprehensión o incluso el análisis de un eventual desafuero.
El señalamiento escala al ámbito político. Colectivos y representantes legales advierten que las denuncias no sólo han sido ignoradas, sino que podrían estar siendo contenidas por intereses dentro del propio sistema, lo que refuerza la percepción de una estructura que protege en lugar de investigar.
El contexto agrava la lectura del caso. Mientras en México las denuncias permanecen estancadas, en el extranjero han surgido investigaciones que colocan el nombre de Rocha Moya en escenarios de mayor presión jurídica y política, lo que evidencia una contradicción entre la pasividad interna y la atención internacional.
La narrativa oficial se sostiene en la falta de elementos para proceder. Pero las víctimas plantean una tesis distinta: que las pruebas existen, pero no han sido valoradas con rigor.
El resultado es un patrón conocido: denuncias graves, expedientes abiertos… y una justicia que no avanza.
