La investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico quedó envuelta en una contradicción que exhibe de lleno las irregularidades en la actuación de la Fiscalía. Aunque la fiscal afirmó públicamente que el tren viajaba a exceso de velocidad, la locomotora no tenía velocímetro, lo que vuelve insostenible cualquier dictamen que pretenda culpar a los operadores con ese argumento.
Pese a esta realidad técnica, la Fiscalía utilizó ese supuesto “exceso de velocidad” como base para liberar al menos dos órdenes de aprehensión contra los maquinistas, responsabilizándolos por la tragedia. La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede asegurar una velocidad exacta si el tren carecía del instrumento esencial para medirla?
El expediente revela además un panorama de fallas graves: cámaras inservibles, radios defectuosos y sistemas de seguridad incompletos. Aun con estas carencias evidentes, el análisis oficial ignoró las condiciones precarias en las que operaba la unidad, concentrándose únicamente en responsabilizar a los operadores.
La inconsistencia técnica derrumba la narrativa de la Fiscalía y abre dudas sobre la solidez de todo el proceso. Sin velocímetro, cualquier afirmación sobre velocidad es mera especulación, no evidencia. Y construir acusaciones penales sobre suposiciones no solo es negligente: es injusto.
Mientras los operadores enfrentan procesos sustentados en un dictamen que no se sostiene, la tragedia del Tren Interoceánico corre el riesgo de convertir también a trabajadores en víctimas judiciales de un criterio sin fundamento.
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