A partir de mayo, 5 mil 319 ahorradores de Ficrea –casi el 80 por ciento del padrón total- podrán recuperar el total de sus capitales, gracias a la creación por mandato del Congreso de la Unión de un Fondo de Apoyo que las autoridades financieras instituirán por 1,600 millones de pesos, buscando en todo momento minimizar el impacto en el sistema financiero nacional.
Así lo anunció Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión Especial Bicameral para el Caso Ficrea, y detalló que en el caso del 21% de aquellos inversionistas defraudados cuyos recursos superen un millón de pesos, Nacional Financiera otorgará un crédito de 1,000 millones de pesos, el cual se repartirá de manera proporcional entre los afectados.
En conferencia de prensa, la legisladora poblana destacó que tanto los senadores y diputados de la señalada comisión como el gobierno federal serán los principales interesados de que el proceso de monetización y la quiebra ordinaria de esta ex sociedad financiera popular "favorezcan lo más posible a los ahorradores", estableció.
Los integrantes de este organismo legislativo insistieron en que esta determinación entre el Congreso y el Gobierno no significa un rescate sino un respaldo por parte de las autoridades que al entregar el dinero a los ahorradores se convierte en el acreedor principal de Ficrea.
Cabe mencionar que en esta reunión, los legisladores federales también presentaron las principales modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, creadas para evitar que se repita este tipo de problemas, y que plantea limitar los saldos de ahorro permitidos en el sector a un millón de pesos para personas físicas y cinco millones de pesos para personas morales; fortalecer el gobierno corporativo de los intermediarios; establecer regulación prudencial diferenciada en función del riesgo de las instituciones, así como prohibir la creación de cooperativas básicas no reguladas y eliminar la figura de Sofinco.
Aunado a ello, la propuesta fortalece los mecanismos de supervisión para fomentar el sano desarrollo de las entidades en el sector, a partir de eliminar la supervisión auxiliar a las Sofipes, que se hace a través de federaciones formadas por ellas mismas, con un consecuente conflicto de interés y fortalecer además las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
