Oaxaca.— El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en la comunidad de Nizanda, dejó un saldo devastador de 13 personas fallecidas y al menos 98 heridas, sin embargo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, optó por referirse al hecho como un simple “evento ferroviario”.
De acuerdo con información oficial, el convoy transportaba 250 personas: 241 pasajeros y nueve tripulantes. La Marina confirmó que 36 personas permanecen hospitalizadas, algunas de ellas con lesiones de consideración, mientras continúan las labores de atención médica y las investigaciones técnicas.
El accidente ocurrió en el estado de Oaxaca, en uno de los proyectos considerados estratégicos por la administración federal. No obstante, la gravedad del hecho contrasta con el lenguaje utilizado por las autoridades, que evita llamar descarrilamiento a lo que, en los hechos, fue una tragedia ferroviaria con víctimas mortales.
En este contexto, resurgen declaraciones que hoy adquieren un peso político ineludible. Pedro Salazar Beltrán —primo y amigo del círculo cercano de los hijos del ex presidente Andrés Manuel Lopez Obrador— advirtió tiempo atrás:
“Ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo”.
Salazar Beltrán, junto con Amílcar Olán, ha hablado abiertamente sobre presuntos “moches” dentro del proyecto del Tren Interoceánico. Según sus dichos, “cada 3 mil metros hay que pasarle su mochada al laboratorio para que autoricen y den el palomazo de que todo está bien”, una afirmación que apunta directamente a posibles fallas deliberadas en los procesos de supervisión y certificación.
Mientras la tragedia deja muertos, heridos y familias marcadas de por vida, el discurso oficial parece más enfocado en controlar la narrativa que en asumir responsabilidades. Llamar “evento ferroviario” a un descarrilamiento con 13 muertos no atenúa el impacto ni borra las dudas sobre la seguridad, la corrupción y la rendición de cuentas en uno de los proyectos emblemáticos del sexenio.



