Playa del Carmen, Quintana Roo.– Ocho años después de su captura, el caso Roberto Borge volvió a girar con fuerza: un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Xochitepec, Morelos, lo reubicó como presunto dirigente de la estructura que operó la venta de 22 predios del patrimonio estatal, con un quebranto estimado en más de 900 millones de pesos. Con esa reclasificación, si es declarado culpable bajo el marco de delincuencia organizada, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.
No es un tecnicismo. Es un golpe a la narrativa de “yo no ordené nada”: el tribunal le quita el papel de pieza menor y lo coloca en la cúspide de la operación, al considerar que desde la gubernatura existían facultades, control de información y capacidad real para dar instrucciones sobre bienes públicos en zonas turísticas.
El mapa del despojo: 22 predios y un daño que no regresa solo
La mecánica descrita en el expediente es la más repetida en el saqueo institucional: predios vendidos a precios irrisorios frente a su valor comercial, prestanombres, empresas fantasma y actos administrativos hechos a modo para concretar escrituras y transferencias. Muchos de esos inmuebles, según se ha señalado, estaban ubicados en áreas privilegiadas, cerca de la playa, donde el valor se dispara por los desarrollos turísticos.
Investigados en la denuncia
Además, en una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de la República y remitida para investigación a la delegación competente en Quintana Roo, aparecen como personas señaladas/investigadas por hechos probablemente constitutivos de delito los siguientes nombres: Claudia Romanillo Villanueva, Gina Patricia Ortiz Blanco, Roberto Borge Angulo, Alberto Millar López y Heriberto Millar López. La referencia resulta relevante porque demuestra que desde hace años el caso no se limitaba a un solo imputado, sino a un entramado de actores que, según el señalamiento, habrían participado en la operación.
El terreno señalado: cinco hectáreas, Aurora Towers y el “precio regalo”
En esa misma línea de señalamientos, se menciona que uno de los terrenos de alrededor de cinco hectáreas es el que hoy ocupa el proyecto Aurora Towers, presuntamente rematado en su momento a 40 pesos el metro cuadrado. Si ese dato se sostiene con documentación registral y pericial, no solo habla de un mal negocio: habla de un despojo con apariencia legal, donde el daño al patrimonio público se habría consumado con números que no resisten una valuación real.
Cárcel federal y el argumento del riesgo
Borge permanece recluido en un penal federal en Morelos. La lógica del tribunal para mantenerlo fuera de una cárcel de menor seguridad en Quintana Roo se apoya en el riesgo de fuga: recursos económicos, posibles apoyos y condiciones que facilitarían una evasión. En términos políticos, el mensaje es claro: el caso ya no es solo de corrupción administrativa, sino de estructura criminal, y eso endurece el escenario judicial.
Lo que sigue
El punto crítico ahora no es solo la etiqueta de “líder”, sino lo que venga después: si se acreditan órdenes, cadena de mando y beneficiarios, el caso debe traducirse en sentencias para toda la red, recuperación de predios y reparación del daño. Porque si el expediente termina solo en un preso célebre y un discurso duro, pero sin devolución efectiva de bienes y sin responsables completos en el banquillo, la justicia se queda como espectáculo: ruidosa, tardía y, sobre todo, incompleta.
