De las 34 cámaras legislativas que hay en México, entre la de Senadores, la de Diputados y las de las 32 entidades federativas, ninguna hace públicas las declaraciones de intereses de sus integrantes, revela el Diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México, elaborado por 12 organizaciones civiles especializadas en transparencia.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que no existen normas que regulen, ordenen y transparenten los cabildeos y las negociaciones con los legisladores.
"Conflicto de interés: si fuera deporte olímpico, probablemente estaríamos en los primeros lugares del medallero", dijo este lunes durante la presentación del estudio.
"Cualquier persona que tiene un desempeño profesional, una vida familiar, un círculo de afectos y amistades, inevitablemente tenemos conflictos de interés; lo que se está pidiendo aquí es que estos conflictos se hagan claros y se transparenten a la hora de tomar decisiones que tienen impacto sobre la vida pública", enfatizó el especialista.
En 22 de los 34 congresos hay alguna norma que dice que los legisladores deben excusarse de participar en discusiones en las que pudieran tener algún interés, pero en ninguno hay registro público de qué conflictos surgen durante una legislatura.
Además, los legisladores tampoco dan a conocer la declaración patrimonial de sus cónyuges. Esta es una obligación para los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, un tema que generó polémica cuando se dio a conocer que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, poseía la llamada casa blanca, como desde finales de 2014 se conoce a una propiedad que la primera dama compró a un contratista del gobierno.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM), lamentó que ante la opacidad, siete de cada 10 personas no se sienten representadas por sus legisladores y solo seis de cada 10 saben quién es su diputado federal.
Además, se quejó de que los congresos son buenos para los discursos sobre estos temas pero no para el cumplimiento, y puso varios ejemplos: el Senado asumió la Declaración para la Transparencia Legislativa hace años pero ha avanzado poco; Senado y Cámara de Diputados se comprometieron en septiembre de 2014 a impulsar una alianza para el parlamento abierto y han hecho poco o nada; y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) prometió convertirse en el primer parlamento abierto de Latinoamérica, pero no ha puesto suficiente empeño en ello.
"El parlamento abierto, más allá de las declaraciones, no está presente en México", sentenció.
El diagnóstico analizó 95 variables agrupadas en 10 ejes y calificó con porcentajes los resultados promedio de las 34 cámaras. Las peores evaluaciones fueron en "Datos abiertos", con 0.3% de cumplimiento, y en "Legislan a favor de gobierno abierto", con 3%, referidos a contar con bases de datos para que la gente conozca su información o trabajar para que haya esta apertura.
El tema "Conflicto de interés" tuvo 16% de cumplimiento promedio; "Información presupuestal y administrativa", sobre gastos de los órganos internos y legisladores, 24%; en "Información sobre legisladores y servidores públicos", que incluye revelar asistencias o rendición de informes anuales, obtuvieron 37%; y en "Participación ciudadana y rendición de cuentas", que evaluó medidas para interactuar con la población, 40% de cumplimiento.
"La Cámara de Diputados y el Senado de la República son quienes obtienen mejores grados de cumplimiento; sin embargo, no alcanzan el 60%. Si los dos mejores no tienen una calificación aprobatoria, se dimensiona un estado crítico de los cuerpos legislativos del país", concluye el estudio.
