La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que el amparo obtenido por 12 de las 16 personas detenidas en la isla de Holbox no revoca el delito cometido, es decir, el desmonte de mangles en un área natural protegida.
Sin embargo, con la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, será la Procuraduría General de la República (PGR) que deberá analizar las posibilidades de ejercer nuevamente una acción penal en contra de estas personas.
“Sí está demostrada la flagrancia al haber ocurrido la detención al momento en que los inculpados estaban desplegando conductas [corte y poda de vegetación forestal] en terrenos considerados forestales localizados en un Área Natural Protegida], sostuvo la autoridad ambiental federal.
En julio de 2014 fueron capturadas 16 personas por haber afectado recursos naturales protegidos en la isla de Holbox, Quintana Roo.
“El Tribunal Colegiado sostuvo en su sentencia que contrario a lo que sostuvo la Juez de Distrito, no resulta indebido que hayan sido los inspectores de la Profepa quienes pusieron a disposición de la autoridad ministerial a los quejosos”, dijo la dependencia en un comunicado.
Agregó que dentro de sus consideraciones, el órgano colegiado argumentó que fueron los inspectores federales quienes llevaron a cabo la detención “al haberse percatado del momento en que se estaba cometiendo un ilícito”, en ese lugar.
“Es así como el juez que dictó en su momento el auto de formal prisión, ahora dicta un nuevo auto de libertad por dejar de considerar el material probatorio que tiene como fuente directa la demora injustificada”, criticó la Profepa.
Señaló que con esta resolución, que reconoce la existencia de las conductas flagrantes en el desmonte de vegetación forestal, la PGR se encuentra en las posibilidades de volver a ejercer acción penal en contra de esas 12 personas, solicitando al juez que le conceda la orden de aprehensión.
La Profepa deberá cumplir con su obligación de coadyuvancia, indicó.
Las otras cuatro personas que fueron puestas en libertad recientemente por un Tribunal Unitario de Circuito de México no han quedado liberadas de los cargos, sino que su situación jurídica aún se encuentra pendiente.
Por lo tanto, un Tribunal Colegiado —con conocimiento en materia ambiental— deberá resolver el recurso de queja interpuesto por la Profepa y un recurso de revisión promovido por la PGR a fin de que quede firme la resolución, lo que podría confirmar o revocar esta decisión de liberarlas definitivamente, de acuerdo con las acciones legales que se prevén en la ley.
