El enfrentamiento político y legal entre el gobierno de Quintana Roo y la empresa Aguakan adquiere nuevos ribetes con la notificación de un crédito fiscal por 3,758 millones de pesos (equivalente a unos 200 millones de dólares) reclamada a la empresa por operaciones realizadas en 2019.
Aguakan, responsable del servicio de agua potable y saneamiento en zonas turísticas del Caribe mexicano, fue informada oficialmente de este requerimiento estatal. La compañía rechaza la medida, calificándola de inconstitucional y violatoria de las disposiciones fiscales estatales, e indicó que ejercerá su defensa.
El monto reclamado equivale a cerca del 95 % de los ingresos reportados por Aguakan en 2024, según cálculos divulgados en medios. La demanda llega en un momento crítico: en mayo de 2026 vence una emisión de certificados bursátiles por 1,400 millones de pesos que la empresa lanzó en 2022.
Este episodio suma tensión a un conflicto previo: el gobierno estatal sostiene que la concesión original de Aguakan en 2014 fue otorgada de manera irregular y en meses recientes decidió revocar dicha concesión. Por su parte, la firma sostiene que el crédito fiscal exige el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
El caso escaló hasta la esfera federal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraerlo, y Aguakan ya solicitó un procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en busca de un arbitraje internacional.
Analistas y observadores locales advierten que el tema tiene implicaciones políticas y económicas profundas. Para el gobierno de Quintana Roo representa una defensa de la soberanía estatal sobre sus finanzas y concesiones. Para Aguakan, un fallo adverso podría afectar su modelo de negocio y desencadenar litigios prolongados, además de generar incertidumbre para inversiones en infraestructura hídrica.
Mientras tanto, la población y los municipios dependientes del servicio aguardan que este conflicto no afecte la calidad y continuidad del suministro de agua potable, cuya operación está en juego en medio de una batalla fiscal de alto impacto.
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