CIUDAD DE MÉXICO — Lo que debía ser una jornada solemne para rememorar la represión estudiantil de 1968 quedó marcada por violencia, saqueos y caos. Decenas de personas vestidas con pasamontañas —identificadas como miembros del autodenominado “Bloque Negro”— protagonizaron actos vandálicos en el Centro Histórico, empañando las conmemoraciones del 2 de octubre.
De acuerdo con testimonios y grabaciones difundidas en redes sociales, el primer incidente violento se registró en la intersección de Eje Central y Avenida Hidalgo. Desde ahí, los agresores avanzaron hacia calles como 5 de Mayo, Gante y Motolinía. Empuñando bombas molotov, piedras, palos y cohetones, se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Negocios de joyería, farmacias y tiendas de conveniencia fueron saqueados; locales fueron incendiados. También se observó cómo encapuchados penetraron en plazas comerciales y establecimientos ubicados alrededor del Zócalo capitalino.
En la plancha del Zócalo y en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, algunos manifestantes lanzaron proyectiles incendiarios hacia los policías, ocasionando ruptura momentánea de las líneas de seguridad. Las fuerzas del orden, contra lo que podría esperarse, optaron por no responder con fuerza excesiva.
Hasta el cierre de esta nota no se ha divulgado un reporte oficial completo sobre lesionados o detenidos.
Claves políticas detrás del episodio
Instrumentalización del caos
Este tipo de grupos —a menudo vinculados al denominado “anarquismo urbano”— han sido acusados de infiltrar manifestaciones legítimas, generando desorden para desacreditar movilizaciones sociales.
Prueba de control de la autoridad
Que la SSC no respondiera con contundencia es señal de un cálculo político. Una reacción desproporcionada podría reactivar críticas de represión estatal; sin embargo, permitir la destrucción sin freno debilita la autoridad del gobierno capitalino.
Riesgo de polarización
Este tipo de incidentes da combustible discursivo tanto a la derecha como a la izquierda: los primeros los usarán para criminalizar manifestaciones sociales; los segundos, como prueba de la supuesta impunidad de esferas de poder que permiten la violencia selectiva.
Obligación de investigación y sanción
Para que no se repitan, las autoridades tienen la responsabilidad de identificar a los responsables, evaluar fallas en la seguridad municipal y federal, y sancionar. Si no se actúa con firmeza, estas tácticas pueden volverse habituales.
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