Ciudad de México.— La reciente reforma aprobada en el Senado a la Ley de Amparo ha encendido alarmas en el sector empresarial. Organismos como Coparmex advierten que las modificaciones, aunque con algunos ajustes, ponen en riesgo la certeza jurídica y podrían frenar la inversión y la generación de empleo.
La Confederación Patronal reconoció que se incluyeron elementos esperados como el interés legítimo colectivo y sanciones para autoridades que no cumplan sentencias, pero señaló que aún persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales. En particular, destacaron que las nuevas reglas para la suspensión de actos reclamados pueden dejar sin protección a empresas que enfrentan bloqueos de cuentas o créditos fiscales en pleno litigio.
Otro foco de preocupación es la exigencia para garantizar créditos mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito, dejando fuera opciones como inmuebles o negocios en marcha. Esto afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas —que no siempre disponen de liquidez inmediata— y debilita su capacidad de defensa.
Analistas advierten que el debilitamiento del amparo podría traducirse en un clima de incertidumbre legal. Si las empresas ya no pueden confiar en la protección judicial adecuada frente a actos injustos de autoridad, el riesgo país puede subir, los proyectos dejarán de materializarse y México perderá atracción frente a otros destinos con marcos más estables.
El decreto aún debe pasar a la Cámara de Diputados para su discusión final. El desafío será corregir lo que muchos perciben como excesos o riesgos legales sin cancelar del todo los avances planteados. Pero para los inversionistas, el tiempo corre: lo que se apruebe definirá no solo el futuro del amparo, sino las reglas de juego del mercado y la inversión en México.
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