Durante 23 meses, Augusto Andrés López Estrada acumuló honorarios brutos superiores a 800 mil pesos como “asistente” del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que estudiaba la carrera de Derecho.
El expediente revela contratos consecutivos con pagos mensuales de 35 mil pesos, firmados entre octubre de 2022 y mayo de 2024, que suman el monto en cuestión. Plantean que esas contrataciones se hicieron bajo el argumento de ofrecer servicios con “total independencia” y sin horario ni subordinación; sin embargo, su presencia recurrente en las sesiones y el uso de curules del grupo muestran que su labor saltaba al terreno de funciones políticas explícitas.
La cuestión va más allá del monto: pone en jaque los ideales de meritocracia con los que el poder político se autosostiene. Si un hijo de dirigente puede cobrar —con sigilo— montos millonarios mientras sirve de operador, ¿qué mensaje envía al resto del país?
Adán Augusto, figura central del oficialismo, deberá responder: ¿acaso esta operación era conocimiento de “sus jefes”? ¿Por qué un estudiante fue considerado apto para tareas legislativas profesionales? En un sistema donde la transparencia es letra muerta, este caso se convierte en escándalo moral y político: un claro esqueleto en el closet del poder.
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