Primera parte
Cancun, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado (FGE) atraviesa una tormenta de cuestionamientos por su incapacidad para depurar a funcionarios señalados de corrupción y otras conductas ilícitas. El nombre que concentra la mayor atención es Víctor Manuel Corona Beristain, un alto funcionario a quien diversos reportes periodísticos y fuentes internas han vinculado con presunto uso de recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento injustificado y corrupción sistemática.
El caso Corona Beristain: un síntoma de impunidad
Versiones internas sostienen que Corona Beristain habría construido una red de lealtades que le permite permanecer en su cargo pese a las reiteradas acusaciones. Se habla incluso de intentos de manipular controles de confianza —como exámenes toxicológicos— para evitar cualquier señalamiento formal. Hasta ahora, a pesar que hay sentencia judicial por inhabilitación en su contra, presuntamente se habria areglado con sus superiores para seguir en su cargo, pero su permanencia exhibe las grietas de un sistema de supervisión debilitado y cuestiona la voluntad de la FGE para investigar a sus altos mandos.
Fallas de reclutamiento: el episodio del funcionario chiapaneco
La falta de controles no se limita a los mandos superiores. En septiembre de 2025, un funcionario identificado como Gamaliel “N”, adscrito al área de amparos de la misma fiscalía, fue detenido en Cancún por órdenes de la Fiscalía de Chiapas, acusado de pederastia agravada con hechos ocurridos en 2016.
El ingreso de un servidor público con antecedentes de ese nivel demuestra deficiencias graves en los filtros de contratación y supervisión de la FGE. Además, fuentes internas señalan que la llegada de personal procedente de Chiapas —el llamado “grupo Chiapas”— ha ocurrido con recomendaciones de confianza política, lo que profundiza la percepción de que la institución prioriza lealtades sobre integridad.
Un patrón de tolerancia estructural
La coexistencia de estos dos casos —un alto funcionario señalado por presunta corrupción y con graves adicciones y un trabajador del area juridica de la seccion de amparos detenido por un delito sexual grave— refleja una misma raíz: ausencia de controles efectivos y captura de los procesos de selección y vigilancia.
Mientras las autoridades no fortalezcan los mecanismos de control, auditen a fondo los perfiles y transparenten los nombramientos, la FGE seguirá perdiendo credibilidad frente a la ciudadanía.
Exigencia ciudadana
La sociedad quintanarroense demanda investigaciones independientes, auditorías externas y sanciones reales. Sin una depuración profunda, la institución encargada de procurar justicia seguirá atrapada en su propia red de tolerancia.
