El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que pagará mil dólares a los indocumentados que se autodeporten, al continuar con su agenda de expulsiones masivas, aunque horas después sufrió un revés cuando un tribunal federal de apelaciones rechazó una solicitud de su gobierno para poder revocar el estatus legal temporal de 400 mil migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
La corte de apelaciones del primer circuito de Estados Unidos, en Boston, se negó a dejar en suspenso la orden de un juez que frena la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de recortar un permiso de dos años que concedió a los migrantes el ex presidente demócrata Joe Biden.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La acción del gobierno marcó una expansión de la línea dura del presidente republicano contra la inmigración y el impulso para aumentar las deportaciones, incluso de no ciudadanos a los que ya se les concedió el derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo se da en el contexto de una demanda interpuesta por defensores de los derechos de los migrantes contra la decisión de la agencia de suspender varios programas parole de la era Biden que permitieron la entrada al país de unos 400 mil inmigrantes ucranios, afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El caso estaba pendiente cuando el DHS anunció, el 25 de marzo, el fin del programa parole de dos años.
Mientras, el DHS indicó que aparte de los mil dólares también pagaría la asistencia de viaje y añadió que las personas que se registren en la aplicación CBP Home para informar que quieren regresar a casa dejarían de ser prioridad para su detención y expulsión del país.
Si se encuentra aquí de manera irregular, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más económica de salir de Estados Unidos y evitar un arresto, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El DHS ahora ofrece a los migrantes irregulares asistencia financiera para viajes y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home.
La administración Trump ha presentado con frecuencia la autodeportación como forma de que los migrantes preserven su posibilidad de regresar a Estados Unidos. El mandatario sugirió ayer que quienes se autodeporten podrán regresar, eventualmente, si son buenas personas y aman a nuestro país.
El DHS añadió que cuesta 17 mil 121 dólares arrestar, detener y expulsar a alguien que se encuentra indocumentado en Estados Unidos.
En tanto, 31 migrantes venezolanos recluidos en el centro de detención Bluebonnet en Anson, Texas, a la espera de ser deportados, formaron la señal de socorro SOS en un patio, mientras un dron de Reuters sobrevolaba la zona, para protestar por su encarcelamiento.
Las instalaciones de seguridad, ubicadas 300 kilómetros al oeste de Dallas, se han utilizado para alojar a migrantes sin papeles, muchos acusados, sin pruebas, de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
