Laura Fernández Piña, expresidenta municipal de Puerto Morelos y excandidata a la gubernatura de Quintana Roo, obtuvo una suspensión provisional contra una posible orden de aprehensión, como parte del juicio de amparo promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito, radicado en Cancún.
La medida judicial fue concedida luego de que la exmunícipe realizara un depósito de garantía por 127 mil pesos, lo que activó temporalmente la protección legal ante cualquier intento de detención por parte de autoridades judiciales, incluida la Fiscalía Anticorrupción del estado.
¿Qué se decidirá el 29 de abril?
El Juzgado Noveno fijó el 29 de abril como fecha clave para la audiencia incidental, en la que se determinará si se mantiene la suspensión provisional o si se reactiva la orden de aprehensión. Será en ese momento cuando el juez evalúe si otorga o no la suspensión definitiva.
Además, se ha programado una audiencia constitucional para el 12 de mayo, donde se analizará a fondo la procedencia del amparo solicitado por Fernández Piña. En dicha sesión, el juzgador resolverá si confirma la protección definitiva ante posibles actos privativos de la libertad.
¿Qué busca el amparo promovido por Laura Fernández?
La demanda de amparo fue presentada el pasado 8 de abril y admitida dos días después bajo el expediente 388/2025-C-1. En ella, Fernández Piña solicitó protección contra órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión o detención, las cuales no han sido confirmadas públicamente por ninguna autoridad.
Este tipo de recurso se conoce en el ámbito jurídico como un “amparo preventivo” o “exploratorio”, que permite a una persona saber si existe alguna acción judicial en su contra antes de que se ejecute.
¿Existen órdenes en su contra?
Hasta ahora, no se ha confirmado la existencia de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, el juez ha solicitado informes a las autoridades responsables para verificar si han emitido alguna orden judicial contra Fernández Piña.
Mientras tanto, la suspensión provisional incluye dos escenarios:
Si el delito es grave o amerita prisión preventiva oficiosa: deberá ser puesta a disposición judicial en un área distinta a reclusión formal.
Si el delito no es grave: podrá evitar ser detenida mientras se resuelve el juicio, siempre que se mantenga a disposición del juzgado federal.
Antecedentes: inhabilitación y sanciones por 20 años
En febrero de 2025, el Juzgado Octavo de Distrito ratificó la inhabilitación por 20 años de Laura Fernández Piña como servidora pública. También se le impuso una sanción económica de 79 millones de pesos, y su nombre fue inscrito en el Sistema de Registro de Sanciones S3.
El origen del conflicto legal se remonta a su gestión como alcaldesa de Puerto Morelos, periodo durante el cual el ayuntamiento interpuso demandas por adeudos al IMSS, SAT y proveedores, así como por contratos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) que comprometían el presupuesto municipal a largo plazo.
Además, enfrenta un procedimiento administrativo por abuso de funciones, considerado una falta grave por la Contraloría municipal.
