Un tercio de los asesinatos de políticos ocurridos en la última década han sido cometidos en Guerrero y Michoacán. Mientras que en estas dos entidades se han registrado 29 crímenes de alcaldes, diputados (locales y federales) y candidatos a puestos de elección popular, en el país se han contabilizado 90 homicidios de políticos de esos mismos rangos.
Una revisión hemerográfica realizada por El Universal revela que en esta región engarzada por Tierra Caliente han sido ejecutados siete diputados, tres candidatos a legisladores, diez presidentes municipales, ochos ex alcaldes y un candidato a alcalde. Y si a ello sumamos el asesinato de seis síndicos, siete regidores y un candidato a regidor, la cifra se eleva a 43 crímenes de políticos, colocando a estos estados como los más peligrosos para ejercer o aspirar a un cargo de elección popular.
La fiebre de violencia política de la región comenzó en 2005, registrando picos de criminalidad en 2008, 2010 y 2013. Veintitrés de estos homicidios han ocurrido en Michoacán y 20 en Guerrero.
Y es que no hay fuero constitucional que frene una ráfaga de un AK-47, ni influencias en las alturas que anulen las propiedades corrosivas de 20 litros de ácido en los que se diluye un candidato con todo y oferta electoral, o charolazo que dote a un diputado de impunidad bastante para eludir el fondo de una fosa clandestina, como epílogo de su carrera pública.
Esta violencia es el resultado de los intentos del crimen organizado por “llegar a la acción de gobierno a través de la acción política”, primero “comprando campañas completas con todo y candidato, para simplificar la negociación en lugar de ir comprando la policía, los mandos de seguridad, el Ministerio Público, etcétera”, manifestó José Luis Domínguez Rodríguez, doctor en investigación social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Octavio Augusto Montes Vega, investigador del Colegio de Michoacán (Colmich), quien ha impartido cátedra sobre investigación de geografía política en tiempos violentos en la Universidad Autónoma de Madrid, dice que los intentos de poner gobiernos por parte del crimen organizado son inherentes a cualquier poder económico.
