En relación a la nota donde se habla de su destitución Laura Fernández Piña, ex presidenta municipal de Puerto Morelos, desmintió categóricamente las versiones que circulan en medios y redes sociales sobre una supuesta inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos en Quintana Roo.
La también ex diputada federal aseguró que las acusaciones son falsas. Además, de manera enfática dijo que quien quiera involucrar a su familia en un asunto que tiene otro origen, actúa con dolo.
Aclaró que en mayo pasado detectó la existencia de un proceso administrativo iniciado por el ayuntamiento de Puerto Morelos por un pasivo con el IMSS durante la pandemia, la cual, afirmó, se derivó de priorizar el pago de nóminas ante la crisis económica.
«Las publicaciones que hablan de mi inhabilitación falsean la realidad y actúan con dolo. El procedimiento administrativo aún no se resuelve, está relacionado exclusivamente con un pasivo con el IMSS que se generó durante la pandemia, no con actos de corrupción«, declaró Laura Fernández.
La exalcaldesa detalló que, en febrero de 2020, su administración firmó un acuerdo con el IMSS para otorgar seguridad social a los trabajadores del municipio, un logro que calificó como histórico en un estado donde en aquel momento había ayuntamientos con décadas sin ofrecer ese derecho a sus trabajadores.
Sin embargo, en marzo de ese año, la pandemia provocó el desplome de la recaudación y, pese a las recomendaciones para cancelar el convenio, se decidió mantenerlo, para no desamparar a los trabajadores.
“Eran tiempos de incertidumbre y miedo, los trabajadores no tenían más que su sueldo. La salida fácil era cancelar el acuerdo con el IMSS que se acababa de firmar, eso hubiera sido inhumano, porque ante la pandemia como gobierno municipal nos la vimos solos en muchos aspectos y la prioridad era garantizar la salud de quienes estaban ayudando a los ciudadanos en la calle, poniendo en riesgo su salud”, enfatizó.
Laura Fernández explicó que, en mayo pasado, interpuso un recurso jurídico contra el procedimiento administrativo que busca inhabilitarla, pues violentaron sus derechos de audiencia y debido proceso. Ese recurso suspendió los efectos del procedimiento administrativo.
«Nunca me notificaron, como exige la ley y por ello interpuse el mencionado recurso jurídico. El juez de distrito aún no resuelve en definitiva al respecto. Apenas hace unos días se celebró la audiencia constitucional y todavía hay un largo camino que recorrer”, aclaró.
Sobre las versiones de su inhabilitación, sentenció: «Es un intento por dañar mi trayectoria. Entiendo que mantener el servicio del IMSS en tiempos difíciles es un costo político, pero para mí es un orgullo no haber abandonado a los trabajadores, cuando más lo necesitaban”, concluyó.
