Chetumal. - La queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal, ante la agresión sufrida el jueves pasado en las instalaciones del «SUTAGE» de Chetumal, por los reporteros Marco Barragán y Teodoro Gómez, ocurrido durante la asamblea sindical del Sindicato Único de Trabajadores del H. Congreso del Estado (SUTHCE), pone de relieve un grave desafío a la libertad de prensa y al derecho a la información en Quintana Roo.
Este tipo de agresiones no solo vulneran la integridad física de los periodistas, sino que también atentan contra el ejercicio de uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión, Consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La agresión vil y cobarde, enmarcado en la reelección de Mercedes Rodríguez Ocejo como Secretaria General del sindicato, genera interrogantes sobre las tensiones internas y la posible percepción de que la presencia de medios de comunicación pueda alterar el resultado o exponer prácticas irregulares.
La respuesta violenta hacia la prensa sugiere una posible crisis de transparencia y la falta de garantías para un proceso democrático interno libre de coerción.
Este caso también refleja una tendencia preocupante en el estado, donde los periodistas frecuentemente enfrentan riesgos al cubrir temas políticos o sindicales.
La falta de una respuesta inmediata por parte del sindicato, junto con la agresión sufrida por los reporteros, podría interpretarse como una falta de respeto hacia los derechos humanos y los principios democráticos.
La queja presentada ante la CDHEQROO es un paso importante, pero queda por ver si este organismo será capaz de actuar con la celeridad y firmeza necesarias para proteger a los periodistas y sentar un precedente contra la impunidad en agresiones hacia los comunicadores.
Más allá de la disculpa pública exigida, es imperativo que se implementen medidas que garanticen la seguridad de los periodistas en eventos de este tipo, especialmente en la vida sindical donde las pugnas internas pueden volverse violentas.
La falta de una respuesta oficial por parte de Mercedes Rodríguez Ocejo y su equipo directivo también podría perjudicar su legitimidad y cuestionar la transparencia de su liderazgo en el sindicato. El silencio prolongado puede leerse como una señal de encubrimiento o complicidad, lo que afectaría no solo su imagen, sino también la credibilidad del sindicato frente a sus afiliados y la sociedad.
Este caso no es solo un ataque aislado a dos reporteros, sino un símbolo de la frágil situación de la libertad de prensa en entornos donde el poder sindical o político se siente amenazado. Las autoridades y las instituciones de Derechos Humanos tienen el deber de actuar para garantizar que estos hechos no queden impunes y que la labor periodística sea respetada como una función esencial en la vigilancia democrática de los procesos políticos y sindicales.
