Diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han presentado una solicitud de juicio político y una denuncia contra los jueces que otorgaron suspensiones provisionales a la reforma al Poder Judicial. La decisión fue tomada tras el descontento del bloque mayoritario morenista, que considera estas resoluciones como una “grave intromisión en las labores del legislativo”.
Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, anunció la decisión que tomó su bancada. En un mensaje posteado a través de su cuenta de X precisó:
“Diputadas y diputados federales de Morena hemos presentado 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨y denuncia penal contra la jueza Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe V. Consuelo Soto por su burda invasión de incompetencia. ¡𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫!”, se lee.
"La ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete (...) Los quieren colocar como héroes, no son más que vulgares, vulgares violadores de la constitución", expresó el morenista.
En el mismo tono se pronunciaron los representantes del PVEM y PT, partidos aliados de Morena, quienes desestimaron las suspensiones y advirtieron que no habrá ni dilataciones ni tácticas que impidan la discusión de la reforma judicial.
La jueza Martha Eugenia Magaña otorgó el viernes una suspensión provisional, en la que ordena que el dictamen no afecte a los cuatro Jueces federales que promovieron el amparo. "Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva Legislatura (que se instala este lunes)", dice la suspensión dictada en el amparo 1251/2024. Por su parte, el juez Felipe Consuelo concedió ayer una suspensión provisional, que no frena la discusión de la reforma, pero sí impide que se concrete.
En el amparo 1190/2024, señala que las Cámaras pueden continuar con el proceso legislativo, pero si aprueban el dictamen, les prohíbe enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tiene que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución.
