Una vez que terminaron los nueve foros que realizó la Cámara Baja, del 27 de junio al 8 de agosto, la mayoría de Morena y sus aliados pretenden avalar el dictamen de la iniciativa del titular del Ejecutivo, el próximo 22 de agosto, por lo que los integrantes de la Jufed, que ayer se manifestaron en la entrada de la sede del Poder Judicial de San Lázaro, amenazaron que convocarán a un paro nacional de labores si los diputados federales de Morena no detienen la discusión del dictamen de la reforma judicial.
Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Jufed, dijo que ya empezaron con la planificación del paro nacional, para iniciarlo una vez que los diputados oficialistas empiecen con el dictamen de la reforma constitucional.
“Los juzgadores pedimos a la legislatura y gobierno entrantes que detengan en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada. La suspensión de labores, como última medida, la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral. Por ello anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, dijo.
Hizo un llamado a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para que escuche las demandas de los trabajadores del Poder Judicial y se presente una nueva propuesta de reforma judicial.
“Esperaríamos que la próxima presidenta de los Estados Unidos Mexicanos se pronuncie por transformar la justicia con altura de miras, con diálogo cierto, con un calendario preciso para el diagnóstico, la discusión, el diseño, la redacción y las fechas de entrada en vigor”, señaló.
Fuentes Velázquez dijo que la elección popular de ministros, magistrados y jueces, propuesta en la iniciativa presidencial, es la principal falla que vislumbran, ya que terminaría con la carrera judicial y la independencia del Poder Judicial.
“Se ha propuesto una reforma que, entre otras, podría cambiar radicalmente la manera en que se designa a los juzgadores, pretendiendo que se elijan por voto popular, lo que implica terminar con la carrera judicial, que es la garantía de independencia. Si permitimos que sean elegidos por voto popular corremos el riesgo de politizar el sistema judicial, los juzgadores podrían verse tentados a tomar decisiones basadas en la popularidad, en lugar de la justicia y el derecho, vulnerando los principios más básicos del Estado de derecho. Esta politización del Poder Judicial afectaría de manera desproporcionada a las personas más pobres y a aquellas que han padecido violencia, exclusión y discriminación”, advirtió.
La directora nacional de la Jufed dijo que es necesario replantear la reforma al Poder Judicial de manera integral para que sea una “reforma sana”, y desechar la propuesta por el titular del Ejecutivo.
Por ello, planteó diversas propuestas, como considerar la profesionalización de policías y fiscales en la reforma constitucional, el robustecimiento de las defensorías públicas, mejorar la administración de justicia encomendada a tribunales locales agrarios y contencioso administrativos, la regeneración del sistema carcelario y la certificación de los estudios profesionales de derecho.
“Si se hiciera caso en esta petición, todos en la Judicatura, los más de 50 mil mujeres y hombres que la conformamos, apoyaremos las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes que se ventilen en el Congreso”, refirió Fuentes Velázquez.
Finalmente, los trabajadores del Poder Judicial, que se manifestaron ayer en las escalinatas de la sede en San Lázaro, desconocieron a los líderes sindicales que en un principio tomaron las riendas de las protestas, al señalar que no los representan.
En particular, pidieron la destitución de Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, entre gritos que repitieron: “¡Fuera Pimentel, fuera Pimentel!”, quien en días pasados aseguró que no era viable realizar un paro nacional de labores como medida para protestar contra la reforma judicial.
