En un acuerdo dictado el martes dentro del juicio de amparo indirecto 806/2023, el Poder Judicial de la Federación dio a conocer la negativa de otorgarle el amparo a Calizas Industriales del Carmen (Calica) en contra de la clausura impuesta por el gobierno federal en 2022 en el predio La Rosita, ubicado en Quintana Roo, donde se llevaba a cabo la extracción de material pétreo.
El fallo emitido por el Juzgado Segundo de Distrito deja paralizada la operación de extracción de material pétreo en la zona, ante la determinación del gobierno mexicano de expropiar los terrenos de la trasnacional con el objetivo de convertirlos en una Área Natural Protegida (ANP).
Esta decisión ha generado un conflicto legal entre Vulcan Materials Company, empresa matriz de Calica, y las autoridades mexicanas.
Adicionalmente, Vulcan Materials Company ha iniciado un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), reclamando una compensación de mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios ocasionados por la clausura impuesta en La Rosita.
La demanda de Calica a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mediante el juicio de amparo indirecto, se basó en la falta de retirada de la clausura administrativa impuesta en 2023.
Esta medida restrictiva se estableció a raíz de una orden y acta en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 5 de mayo, la cual mantiene detenidas las actividades en La Rosita.
El litigio en torno a la extracción de material pétreo en Quintana Roo continúa provocando tensiones entre la empresa Calica y las autoridades mexicanas, con repercusiones legales y ambientales de alcance nacional.
