Entre 2006 y 2013 la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada; de ellas, sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria (2%), de las que cuatro fueron responsables elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida por Genaro García Luna. Así lo reporta el Estado Mexicano en su informe como parte de la revisión que hará el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU este 2 y 3 de febrero.
Uno de los casos corresponde a la investigación realizada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), única sentencia que consiguió durante los cinco años de operación (2002 a 2007), según responde la PGR a una solicitud de información a través del IFAI.
En México, la desaparición forzada está tipificada en el Código Penal Federal como el delito cometido por “un servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención” y cuyas penas van de los 5 a 40 años de prisión.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, el estado parte debe procurar legislaciones con estándares internacionales capaces de combatir el delito, pero en México no ha avanzado en ese rubro.
En 2012, la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó una iniciativa para elevar las penas de 40 a 60 años y que el delito no fuese susceptible de perdón, indulto, amnistía o figuras análogas, pero los senadores la congelaron. En octubre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto envió un paquete de cinco iniciativas en materia de derechos humanos, una de ellas propone una Reforma al Código Penal Federal para endurecer las penas de 20 hasta 50 años de prisión, pero no se ha discutido.
Además, con los instrumentos legales disponibles la justicia tampoco es pronta ni expedita. Del periodo conocido como guerra sucia, en el que entre la década de 1970 y 1980 hubo una persecución contra activistas y opositores al régimen, solo un caso consiguió sancionar al responsable, aunque después de 32 años de perpetrado el delito.
