Ciudad de México, 28 de enero.- Familiares de los normalistas desaparecidos, su defensa y los normalistas de Ayotzinapa, representados por el secretario de su Comité Estudiantil, rechazaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, declaró la tarde de ayer que había elementos suficientes para concluir que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
Por el contrario, para los padres de los jóvenes el caso aún dista de estar resuelto, pues señalaron que existen varios elementos que todavía no se han aclarado en la investigación y no hay certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados como sostiene la PGR.
Unas horas después de que el Procurador Murillo Karam informara a los medios su conclusión del caso -incumpliendo con ello el acuerdo que el gobierno había hecho a los familiares de que ellos serían los primeros en enterarse-, el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que repudiaban la forma en que el Procurador pretende cerrar “de manera descarada” la investigación por los hechos del 26 y 27 de septiembre pasados, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue atacado por policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Del ataque resultaron muertas seis personas, tres de ellas estudiantes, y 43 normalistas fueron desaparecidos forzadamente por los policías.
“No vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones”, advirtió el representante de los familiares, para luego manifestar que mantendrán su lucha pacífica hasta que les demuestren científicamente que los normalistas desaparecidos fueron asesinados, como sostiene la PGR.
“No vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia vamos a seguir en la lucha”, expresó de la Cruz en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez, ante un auditorio repleto de medios de comunicación.
Asimismo acusó que la declaración de Murillo Karam “violentó” el acuerdo hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto con los padres de familia, conforme al cual se determinó que la información sobre el caso tenía que notificárseles a ellos primero. Sin embargo, eso no ocurrió ayer, dijo.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró que hay una intencionalidad política por parte del Gobierno federal para cerrar el caso a “toda prisa” y dejarlo impune. Ante ello, informó que llevarán el caso ante la justicia internacional.
“Nosotros estamos viendo claramente que este caso empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, por eso desde hoy lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional y de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá.
“[Las investigaciones] tendrán que ser revisadas por organismos de derechos humanos tanto del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque aquí se perfila nuestro caso porque el gobierno siembra impunidad”, manifestó.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia reiteró que no creen en el informe que rindió este martes la PGR. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
10 RAZONES PARA NO CERRAR EL CASO
El abogado Rosales reiteró que la investigación no es concluyente porque aún tiene puntos fundamentales que no han sido esclarecidos, de los cuales expuso un decálogo.
El primero de ellos, explicó, es que “no hay certeza científica” que haga concluyente la versión de que los estudiantes fueron asesinados.
Tampoco, dijo, puede ser concluyente la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, alias ”El Cepillo” o “El terco”, señalado por la PGR como quien habría ordenado el asesinato de los 43 estudiantes y la posterior desaparición de sus restos. El defensor subrayó que en su declaración ministerial, el presunto responsable no refiere de manera puntual el momento en que habría estado durante los eventos en el basurero de Cocula.
Un tercer elemento para rechazar la resolución de la investigación, a decir del abogado, es que depende “excesivamente” de los testimonios de los detenidos, a quienes además se señala como presuntos responsables. Rosales cuestionó que se pretenda sustentar la veracidad de los hechos en testimonios de personas a quien la propia autoridad considera como los presuntos criminales, máxime si no hay otros testimonios diferentes a los de los inculpados que respalden sus dichos.
Respecto a los testimonios, el abogado refirió los señalamientos de que algunos de éstos habrían sido obtenidos bajo coacción.
Otro elemento por el que no se puede cerrar el caso, dijo Rosales, es que la PGR no ha investigado el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, el normalista asesinado y cuyo rostro y orejas fueron desollados. “Es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación”, apuntó.
A ello agregó la falta de detenciones “clave”, como la de Felipe Flores, el Secretario de Seguridad Pública en Iguala al momento de los hechos; de Gildardo López Astudillo, alias “El Cabo Gil”, y de al menos 11 personas más que supuestamente participaron en los hechos. Rosales consideró importantes estas detenciones, dado que sus testimonios podrían cambiar el rumbo de la investigación.
Carmen Cruz aseguró que su hijo, ahora desaparecido, estuvo conectado en redes sociales el 19 de octubre. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Otra razón para no cerrar el caso, expuso, es que no se ha iniciado en ningún caso una investigación por desaparición forzada, pese a que es “la figura más idónea” para consignar y sancionar a los agentes del Estado que estuvieron involucrados en los hechos.
Rosales refirió también una “inconsistencia” en el expediente, pues existen dos versiones que se contradicen y que no han sido confrontadas. Una de ellas es la que la PGR dio a conocer en los primeros días de la investigación del caso, según la cual los normalistas habrían sido enterrados en fosas clandestinas. De acuerdo con el abogado, hay una veintena de testimonios en el expediente que sostienen esa versión. La otra es la del supuesto asesinato e incineración en el basurero de Cocula.
Una razón más para no dar por concluido el caso es que sólo hay “certeza científica” de que los únicos restos identificados corresponden al normalista Alexander Mora Venancio, mas no hay evidencia científica que pruebe que los demás restos encontrados son del resto de los estudiantes, prosiguió el abogado.
Por lo anterior, Rosales calificó como “sumamente grave”que la PGR diga que los presuntos responsables serán consignados por homicidio, cuando no hay evidencias de la muerte de 42 de los estudiantes. Eso podría resultar en consignaciones débiles, advirtió.
El abogado habló de las dos líneas de investigación pendientes: la posible responsabilidad del Ejército y del ex Gobernador Ángel Aguirre. Sobre el primero dijo que uno de los policías detenidos declaró que el Ejército supuestamente sabía de la operación de Guerreros Unidos sin que actuara para combatirlos, por lo que el abogado presumió una posible colusión de los militares.
Por último, refirió la falta de investigación del entorno político en el que ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que supondría una colusión de varios ediles con el grupo criminal, y no solamente los del municipio de Iguala, como ha pretendido reducirlo la PGR.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 en conferencia de prensa Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
HABLAN LOS PADRES Y LOS NORMALISTAS
En la conferencia ofrecida para rechazar la versión de la PGR, algunos padres de familia de los normalistas, quienes el pasado lunes cumplieron cuatro meses de desaparecidos, tomaron la palabra.
Epifanio Álvarez fue el primero en hablar. Tal como lo hizo un día antes en el mitin del Zócalo, al término de una multitudinaria marcha, habló sobre el trato que han recibido del gobierno.
“El gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad, nos ha destrozado y no estamos de acuerdo en todo lo que nos están haciendo”. Recordó las versiones distintas que les ha dado la PGR sobre el supuesto destino de sus hijos. “No podemos aceptar ya nada porque no tenemos pruebas suficientes para aceptar ya nada”, fue su conclusión.
“Vamos a llegar al final de esto, que esto se aclare. Por eso es que nosotros no podemos dejar de luchar como padres, no podemos irnos a nuestra casa con este dolor que cargamos […]. Si yo mi vida pudiera dar para que esto se acabara con gusto la daría, por dios que la daría […]. Para nosotros esto es desgarrante, la verdad, lo que el gobierno ha hecho con nosotros, es algo que nunca lo pensé en mi vida vivirlo, pero ya estamos aquí en la tierra y vamos a atorarle a lo que venga, con valor y decisión”.
La madre de Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador, fue breve pero contundente en su mensaje: “No vamos a aceptar de que nuestros hijos ya los mataron […]. Nosotros hemos llorado no porque aceptemos que ya están muertos, sino que los extrañamos, extrañamos su voz, un abrazo de hijos, eso es lo que nos pasa: estamos desesperados y lloramos por eso”.
Carmen Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, lanzó varias críticas. “No puede tener más valor la palabra de un delincuente que cualquiera de nosotros […] Que tenga un poco de vergüenza esa bola de corruptos: el Presidente, Miguel Ángel Osorio Chong, Murillo Karam, que tengan un poco de sangre en la cara, porque a mí, por ejemplo, si me dicen ‘Véte de un lugar’, yo me voy porque tengo dignidad y vergüenza, y esa gente con tal de seguir en el poder no importa lo que la gente le diga, pero ya que tengan un poco de sangre en la cara y que se largue. No puede con este caso”.
Habla la señora Blanca, madre de otro normalista: “Eso que vieron hace un momento en las noticias no es novedad […]. Esa mentira que pusieron ahorita en la tele, otra mentira más que nos ha mostrado […] Yo como le digo a todo este gobierno que ya deje de mentirnos y que ya no esté jugando con nosotros, nosotros estamos muy desesperados porque ya son cuatro meses que no sabemos nada de nuestros hijos, estamos muy desesperados. Las madres nos ponemos a estar llorando pero no lloramos porque están muertos, lloramos porque los extrañamos, porque ya queremos verlo, ya queremos saber alguna noticia de ellos. Pero en este gobierno se ha dedicado a torturarnos y, como yo siempre he dicho, si el gobierno no nos sirve para resolver el problema, que le deje el puesto a otro para que sí lo haga […]. Como madre le exijo al gobierno que ya deje de estar jugando con nosotros, se lo pido y se lo exijo, que nos muestre algo de corazón que tenga […]. Estamos sufriendo pero no vamos a descansar hasta encontrarlos”.
El Comité Estudiantil de Ayotzinapa, en voz de David Flores, dijo que el Gobierno federal los ha decepcionado y ha dejado ver cual es la importancia que le dan al caso.
“Creemos que hay interés político y como padres y normalistas no aceptemos la supuesta realidad, nosotros estamos convencidos de esta sitúación”, por lo que a lucha sigue.
“Las autoridades ya no tienen interés, ni ganas de buscar a nuestros 43 compañeros y nos mantendremos en lucha, expresó e invitó a las organizaciones a sumarse al movimiento”.
