La organización civil Artículo 19 señaló al Gobierno de México después de que 2022 se convirtiera en el año más mortal para la prensa, con 12 periodistas asesinados y una agresión cada 13 horas, la mayoría llevadas a cabo por el poder público.
En su informe anual “Voces contra la indiferencia”, Artículo 19 lamentó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador haya dificultado el acceso a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
“En los cuatro años de Gobierno que se dijo transformador, la libertad de expresión no ha mejorado y la censura ha mutado, conviviendo con viejos mecanismos autoritarios”, denunció el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, en la presentación del documento.
Además de la docena de periodistas asesinados presuntamente por ejercer su labor, pues más de la mitad de ellos cubrían temas de corrupción y política, otros nueve fueron víctimas de atentados contra sus vidas que no se consumaron.
“Dichas historias nos muestran la falta de respuesta institucional y a un Gobierno que se decanta por el encubrimiento y la impunidad”, señaló Maldonado.
Con 696 víctimas de agresiones, el año pasado también se convirtió en el año más violento para los periodistas, una cifra 4.3 veces mayor que en 2010, bajo el mandato de Felipe Calderón, y 1.6 veces más que en 2016, con Enrique Peña Nieto en la presidencia.
Cuatro de cada 10 agresiones, fueron a manos del poder público, refleja el informe.
“En México se matan periodistas, pero también se les calla y amedrenta de diferentes formas, con amenazas y el uso ilegítimo del poder público”, dijo el director de Artículo 19.
El 97.9 por ciento de estos crímenes permanecen impunes, una cifra que Maldonado auguró que no tiene visos de revertirse y que sirve como aliciente para perpetuar las agresiones.
El informe señala directamente a López Obrador por su “lucha por silenciar al mensajero” desde su rueda de prensa diaria, desde donde se vertieron 176 comentarios estigmatizantes contra la prensa, 44 de ellos considerados “verdaderos ataques”.
El presidente protagonizó 33 de esos ataques, y Maldonado lamentó que no hubiera un cambio de actitud teniendo en cuenta el extraordinario número de periodistas asesinados durante el año.
“Muchos de los ataques provienen de los Gobiernos estatales y municipales, de las fuerzas federales (Ejército, Marina), de las fiscalías. Es lamentable que con la llegada de este Gobierno que tanto se comprometió con la seguridad y la libertad de expresión no está sucediendo”, dijo Adela Navarro, directora del semanario ZETA Tijuana.
El informe “Voces contra la indiferencia” también documenta el espionaje realizado por las Fuerzas Armadas mexicanas a periodistas y defensores de derechos humanos mediante el sistema Pegasus.
De acuerdo con el reporte, el Ejército habría intervenido el teléfono de Raymundo Ramos, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, para conocer sus investigaciones sobre abusos cometidos por militares.
"El espionaje en mi contra y otros colegas es un retroceso contra las libertades pero también evidencia que el Ejército espía civiles de manera ilegal.
El presidente opta por escuchar a las fuerzas armadas y no las víctimas, defensores y periodistas".
Ramos señaló este lunes al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, de estar al mando del espionaje en su contra y de tratar de relacionarle con miembros del crimen organizado para intimidarle.
“El presidente ha optado por escuchar solamente a las Fuerzas Armadas y no a las víctimas y a los defensores de derechos humanos”, indicó.
Preguntado recientemente al respecto, López Obrador aseguró que el Ejército no espía, sino que realiza labores de inteligencia.
“La respuesta a la investigación ha sido decepcionante, el presidente negó los hechos y el Ejército mantiene el silencio. No se garantizan los derechos humanos, pero sí la persecución de quienes los exigen”, ahondó Maldonado.
Artículo 19 también puso de relieve la falta de una política integral que garantice el acceso de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la justicia, la verdad y la reparación.
“Sin una revisión de los hechos, sin justicia ni reparación, es imposible hablar de perdón”, expuso el director de la organización civil.
Esto cobra especial importancia en el fenómeno de las desapariciones forzadas, que en México vive una de sus crisis más graves tras rebasar el año pasado los 100 mil casos y los 52 mil cuerpos sin identificar.
El informe subraya la inoperancia del Gobierno en la búsqueda de estas personas, tarea que recae en las familias, exponiéndoles a amenazas. Al menos siete buscadoras de desaparecidos fueron asesinadas en 2022.
“No creía que después de Felipe Calderón tuviéramos un presidente tomando decisiones tan llenas de sangre, pero llegó alguien que lo rebasó”, señaló Bibiana Mendoza, vocera del colectivo de búsqueda de desaparecidos Hasta Encontrarte.
