Cancún.- Con base en una instrucción de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA) número 1, en el municipio de Benito Juárez, el hotel Club Las Velas Cancún fue desalojado hoy, derivado de un juicio laboral promovido por 16 trabajadores desde hace 20 años, en contra de Organizadora Turística Internacional (OTISA).
Un actuario, un notario y abogados de los empleados demandantes, acompañados de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, acudieron a la diligencia, que echó mano de camiones de mudanza para la probable transportación de muebles y objetos de Lucinda Solano y Tomas Auñón, quien se asume como representante de OTISA y es una de las personas demandadas.
El desalojo inició a las 9:30 horas, en el hotel Club las Velas, inmueble de cuatro niveles, 2.6 hectáreas de terreno colindantes con el Sistema Lagunar Nichupté y una valuación que va de los 99 a los 900 millones de pesos, de acuerdo con las partes en conflicto.
La propiedad entera se localiza en el kilómetro 3.3 y 3.5, en la segunda etapa de la zona turística, lleva años sin operar y su zona federal fue objeto de otra incursión legal, que motivó el aseguramiento de una parte del inmueble en octubre de 2021, por parte de autoridades, tema que se litiga en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Juliana, hija de Auñón, dijo que cuando la policía se presentó, amagó con ingresar a la fuerza, por lo que tuvo que abrir la puerta vistiendo aún con ropa interior. La mujer les pidió a los agentes no entrar a la habitación para permitirle cambiarse, pero fue ignorada.
Además, Lucinda Solano denunció que la caja fuerte en donde se encontraban sus joyas fue abierta en su ausencia.
Por separado, Félix Torres Alcocer, abogado de cuatro de los 16 trabajadores demandantes, ahora propietarios del hotel, aseguró que todo el procedimiento –desde los juicios laborales de 2002, hasta el del desalojo de hoy– se ha desarrollado conforme a Derecho y felicitó a las autoridades estatales por su conducción en un caso que, calificó, como de “justicia social”.
“Mi agradecimiento a las autoridades, porque por 20 años han trabajado con una honestidad fabulosa”, sostuvo.
Por el contrario, Auñón Alonso y su abogado, Aarón Eduardo Martín Medina, calificaron los juicios y la diligencia como acciones “plagadas de irregularidades”.
Entre ellas, el abogado citó que le impidieron entrar a la propiedad para asesorar a su cliente, por orden del actuario, lo cual es indebido.
Auñón agregó el que se haya intervenido una propiedad parcialmente asegurada por autoridades federales, por un tema de la titularidad de la concesión de la zona federal marítimo terrestre. “No puedes entregar la propiedad a medias, ni con un aseguramiento parcial”, dijo.
Otra anomalía es la probable violación de un fideicomiso, cuyo fiduciario es The Bank of New York Mellon, mencionó; y la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a favor de los 16 trabajadores.
“Esto es una tranza que hizo la Secretaría del Trabajo (del estado) Esta propiedad está en un fideicomiso. Los fideicomisos son los propietarios y ese fideicomiso está a nombre de Mellon Bank, que se lo vendió o cedió a Cibanco”, expuso Auñón, quien se comunicó vía telefónica con el diputado local, Hugo Alday, al ser expulsado de la propiedad “casi en calzones”, como le describió la escena –en sentido figurado– al legislador.
“Me dice el Maestro Alday que hicieron un ‘madruguete’ en el Registro, lo metieron chueco (el cambio de inscripción) y que se va a echar para atrás; en 8 días esta gente ya no está. Esto es un fideicomiso el que va a tener que entrar a los golpes es el banco. Esta es una tranza que lleva años”, sostuvo, al confiar en que el acto de autoridad quede sin efecto.
