En un hecho histórico, el gobierno federal aceptó abrir las puertas de los cuarteles militares de Guerrero para demostrar a ciudadanos, en este caso a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sus hijos no fueron detenidos por el Ejército y mucho menos cremados ahí como señalan algunas versiones.
Los familiares de los estudiantes definirán el día y la hora en que visitarán las instalaciones castrenses, ellos mismos darán a conocer el resultado de sus visitas, informó la PGR.
La dependencia federal puntualizó que las zonas militares están abiertas a todos los ciudadanos y que el ingreso "se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto" a las instituciones.
La decisión se tomó tras la petición que hicieron Felipe de la Cruz y Vidulfo Rosales, representantes de los padres y legal, respectivamente, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El encuentro se desarrolló en la Procuraduría General de la República, después de casi un mes de que los padres rompieran el diálogo; ahí, los familiares manifestaron que tienen diez testimonios de estudiantes que involucran al Ejército en la desaparición de sus hijos.
Durante la reunión estuvieron presentes el titular de la PGR, Jesús Murillo; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, además de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Zerón aseguró que no hay elementos y mucho menos alguna declaración que señale al Ejército o alguna corporación federal de seguridad de haber participado en la desaparición de los normalistas.
"De ninguna declaración que se ha obtenido en la procuraduría se desprende que efectivos del Ejército o algún cuerpo de seguridad federal haya tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes", dijo en conferencia de prensa. Mencionó que se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria, habiendo rendido declaración 385 personas, incluyendo 36 militares.
En diciembre pasado surgieron versiones que señalaron que en los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, el Ejército y la Policía Federal se unieron a los policías municipales de Iguala y Cocula en la agresión contra los normalistas.
En enero de este año, los investigadores Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física de la UNAM, y Pablo Ugalde, de la UAM, dijeron tener la hipótesis de que los jóvenes fueron incinerados en los crematorios del Ejército y en privados.
Estas versiones motivaron que los familiares demandaran una investigación contra el Ejército y la Policía Federal.
En su intención de querer ingresar a los cuarteles militares, como el de Iguala, ocurrió un enfrentamiento el pasado lunes en el 27 Batallón de Infantería, acción en la que también participaron integrantes del Movimiento Popular Guerrerense y activistas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.
Reunión
Felipe de la Cruz declaró al término de la reunión que no hay avances sustanciosos en la investigación.
Mientras que Vidulfo dijo que existían datos en la averiguación previa que hacía necesario investigar al Ejército y al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pero hay "reticencias" del gobierno, a pesar de las declaraciones de policías y sicarios que involucran a soldados.
Orden de aprehensión
Un juez federal ordenó la aprehensión del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y de 45 personas más, por el secuestro de los normalistas, mandamiento que ya fue cumplimentado por la PGR.
Al mismo tiempo, se cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, y 53 personas más, por el delito de delincuencia organizada.
También se obtuvo una orden de aprehensión contra cinco policías municipales de Iguala por el delito de desaparición forzada, involucrados en la muerte de 30 personas que fueron halladas en fosas clandestinas.
Además, señaló, que a los últimos 10 policías de Iguala consignados hace unos días les fue dictado el auto de formal prisión por su participación en estos hechos.
En tanto, la senadora Layda Sansores afirmó que el procurador Jesús Murillo se comprometió con el Senado para abrir una nueva línea de investigación en el caso de Julio Mondragón, el normalista que fue desollado.
