La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Presupuesto de Egresos 2022, debido a que los diputados no motivaron razones objetivas y justificadas para realizar la reducción de más de 26% del gasto solicitado.
La decisión por unanimidad de la Primera Sala de la SCJN sienta un precedente, ya que los legisladores no podrán recortar el gasto de los órganos autónomos sin motivación y rigor técnico.
De acuerdo con los ministros, el ajuste presupuestal hecho al INE comprometió sus funciones constitucionales, lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral.
A partir de esas consideraciones, la Corte invalidó el Presupuesto de Egresos 2022, en lo relativo a los recursos asignados al INE, derivado de la controversia constitucional que el organismo electoral presentó en diciembre de 2021 contra el decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.
Dio a la Cámara de Diputados un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución, para que analice y determine en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto presentado por el INE encabezado por Lorenzo Córdova.
De estimarse procedente la autorización de recursos adicionales, se deberán adoptar las medidas indispensables para que se haga la transferencia efectiva de los recursos al INE, o bien, en caso de que la decisión sea negativa, presente una motivación reforzada y con rigor técnico.
Consejeros del INE celebraron el fallo, y lo consideraron sin precedente, además que evita la arbitrariedad en las atribuciones de los órganos autónomos.
“Es una enorme noticia, la Primera Sala de la SCJN, reivindicando ese rol de control del poder acaba de declarar fundada [la queja], con lo cual la Cámara de Diputados se ve obligada a justificar el recorte. El proyecto del ministro González Alcántara señala, no sólo un efecto sobre el presupuesto que fue impugnado, sino efectos hacia futuro, estableciendo que si la Cámara Baja aplica un recorte tendrá que fundar, motivar y justificar por qué, esto sirve como precedente para el resto de los órganos de control”, destacó Córdova Vianello.
