La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares y una tutela preventiva al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros 10 integrantes del gabinete federal, senadores, gobernadores y al presidente de Morena; recordándoles que debe apegarse a sus deberes constitucionales de imparcialidad y neutralidad, y que tienen prohibido intervenir y promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante los eventos masivos organizados este fin de semana para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el PAN y el PRD denunciaron al secretario de Gobernación, a las secretarias Rocío Nahle, de Energía; Alejandra Frausto, de Cultura; y Tatiana Clouthier, de Economía; así como al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja; y al comandante de la Guardia nacional, Luis Rodríguez Bucio.
Así como a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; y de Veracruz, Cuitláhuac García; al secretario de Seguridad de este último, Hugo Gutiérrez; el senador de Morena, Armando Guadiana; y al presidente de Morena, Mario Delgado; por haber participado a pesar de que la ley se los prohíbe.
Respecto al mal uso de recursos públicos, que también fue denunciado por trasladarse en una aeronave de la Guardia Nacional, omitieron pronunciarse por tratarse de una facultad de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Las y los consejeros ordenaron que en un plazo máximo de tres horas, una vez que sean notificados, la secretaria de Energía, el gobernador de Veracruz y su secretario de Seguridad eliminen diversos tuits en los que promovieron estos mítines masivos organizados por la organización Que Siga la Democracia, que lidera Gabriela Jiménez, ex candidata de Morena, a los que asistieron a pesar de que la ley se los prohíbe.
Además, concedieron una tutela preventiva en la que les ordenan que “en todo momento ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales recalcándoles por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de revocación de mandato, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten emitir durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”.
También, señalaron que el secretario de Gobernación, las de Cultura, Economía y Energía, así como el comandante de la Guardia Nacional, que forman parte del gabinete federal, “no pueden desvincularse de su condición de servidores públicos ni quedan eximidos de la obligación de conducirse con imparcialidad, neutralidad y objetividad” aunque no sean titulares del Ejecutivo.
La consejera Claudia Zavala calificó como “lamentable que la conducta de los servidores públicos se torne de esta forma porque me parece que hay mucha claridad respecto de los deberes de las y los servidores públicos”.
Mientras el consejero Ciro Murayama recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dejó claro que los partidos políticos, sus dirigentes y los servidores públicos no pueden intervenir en la revocación de mandato.
“Se trató de un fin de semana desafortunado para la democracia, por la reiteración de faltas en distintas entidades de la República, pues incluso estamos ante una situación que no recuerdo que tuviera antecedente en la vida democrática del país. que es la participación en eventos políticos de las cabezas de las Fuerzas Armadas, incluso en uniforme de servicio.
“Estamos ante la celebración de conductas anticonstitucionales y me temo que no sean las últimas, hoy se está convocando a actos políticos de respaldo al Presidente y a sus propuestas legislativas. justo cuando incluso ya va a empezar la veda hasta para que el INE pueda difundir la revocación”, añadió.
La presidenta de la Comisión, Adriana Favela recalcó que esto no implica una censura por parte del INE, sino simple y sencillamente la aplicación de lo que indican la Constitución y las leyes.
El PAN y el PRD también denunciaron a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino; al presidente de Morena en Sonora, Jesús David Mendoza y al del PT en esa misma entidad, Ramón Flores; pero se descartaron las medidas cautelares en su contra por no existir elementos que demuestren que hayan emitido posicionamientos directos de promoción.
