El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en votación económica, la integración de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, cuyos miembros se encargarán de determinar la procedencia o no de las solicitudes de Juicio Político en contra de Servidores Públicos, entre ellas, la interpuesta contra el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Los miembros pertenecen a las Comisiones de Gobernación y de Justicia, presididas por el diputado priista, Alejandro Moreno Cárdenas, y el panista, Felipe Fernando Maclas Olvera, respectivamente.
Los integrantes son Ramiro Robledo Ruiz (Morena), Pablo Almicar Sandoval (Morena), Julio César Moreno Rivera (Morena), Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Javier Huacus Esquivel (PRD).
También están Rocío Corona Nakamura (PRI), Hamlet García Almaguer (Morena), Leonel Godoy Rangel (Morena), Lizbeth Mata Lozano (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI), y Julieta Mejía Ibáñez (MC).
La petición de juicio político contra el titular de la FGR, fue interpuesta el pasado 7 de diciembre por parte de los nietos de Laura Morán, pareja sentimental de Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz.
En ese entonces, los familiares de Morán exigieron su destitución por el presunto delito de abuso de funciones en el caso de la señora Alejandra Cuevas, quien permanece presa acusada de homicidio en contra de Federico Gertz.
Entre los asuntos pendientes también destaca la petición del diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, interpuesta desde el año pasado durante la 64 legislatura, para someter a juicio político a Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y a Ciro Murayama, consejero electoral de este instituto.
El legislador petista hizo la petición por considerar que Córdoba y Murayama han violado en reiteradas ocasiones la Constitución Mexicana y "la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al otorgarle pagos excesivos a los funcionarios a su cargo y que están por encima del salario del Presidente de la República, así como por emitir opiniones y avalar acuerdos que afectan la certeza, legalidad e imparcialidad del proceso electoral”.
