El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, tras la presentación en Juzgado Noveno de Distrito de un amparo con número de expediente 147/2022, obtuvo la suspensión definitiva contra la partida de Ayudas Sociales del Congreso de Quintana Roo.
Como efecto, La Legislatura del Estado de Quintana Roo “podrá disponer de estos fondos, siempre y cuando informe para qué efectos y destinos se dieron; en cada disposición tendrá que rendir un informe al Juez de Distrito”.
Este miércoles, se entregó un avance sobre los 5 amparos presentados contra la partida de ayudas sociales del Congreso del Estado, en el que se ejercieron aproximadamente 93 millones de pesos.
Vale recordar que estos amparos fueron interpuestos por un grupo de ciudadanos y sociedad civil de Quintana Roo.
Alejandra Rodríguez explicó que “de los 5 amparos que hoy en día tenemos en curso, en el de las personas físicas, nosotros nos encontramos pendientes de que se celebre la audiencia incidental en donde se va a determinar si se otorga o no la suspensión y está diferida para el día de mañana y esperemos quede totalmente notificado y entregado el informe justificado a fin de que pueda avanzar”.
Explicó que en el mismo estatus se encuentra el amparo de Ciudadanos por la Transparencia, por lo que de igual se espera la celebración de la audiencia incidental.
“En el caso de Cultura Cívica de Quintana Roo, el Juez de Distrito determinó que no procedía un amparo, se ha presentado una queja y a la fecha ya se encuentra admitida y está en curso para ver la procedencia de ese amparo”, subrayó.
Sobre el amparo del Observatorio de Gobernanza, “está todavía por celebrarse la audiencia incidental, debió celebrarse hoy a las 9 de la mañana y estaremos teniendo resultados el día de mañana para poder informar”.
Sin embargo dijeron que la mejor noticia es que “el amparo presentado por el Comité de Participación Ciudadana, que ya había obtenido una suspensión provisional, y que en este caso era para determinar la procedencia de la suspensión definitiva y como lo esperábamos, hemos obtenido la suspensión definitiva, la audiencia fue el 28 de febrero”.
Explicó que “ahora solo estaremos a la espera de la audiencia constitucional que es el día de mañana, pero le vemos mucha esperanza a que esta prospere y que lleve la misma línea en curso que tiene la suspensión”.
Alejandra Rodríguez aseguró que “esto va a servir de convicción para todos aquellos expedientes que todavía no han logrado avanzar y creemos que tiene muchos elementos para poder prosperar”.
José Roldán Xopa explicó que el significado de esta suspensión definitiva es que “
Se explicó que en la suspensión provisional se había solicitado que el Congreso del Estado tendría que informarle al Juez cada una de las disposiciones que se hagan sobre el fondo y recursos que se encuentran destinados a ayuda sociales.
Vale mencionar que en 2021 se aprobaron 75.5 millones de pesos para ayudas sociales, pero hubo una ampliación de más de 17 millones de pesos, por lo que la proyección para este gasto es que cerró en 92.8 millones.
Sin embargo, Roldán Xopa dijo que “no sabemos bien a bien, a qué se destinan, ni quién los ejerce y la obligación que tiene el Congreso es que cada que se disponga de un peso o de la cantidad que fuere tiene que informar al Juzgado a quién se le da, quién lo ordena y a qué destino se da”.
Comentó que una de las preocupantes características de este recurso es que se ha generado en la opacidad e inexistencia de transparencia.
Sobre cuánto dinero se ejerció en ayuda sociales en 2021 y en lo que va de 2022, dijeron que no tienen una cifra clara.
Cinthya Dehesa explicó que en el amparo que ellos presentaron “no busca la transparencia en el recurso, sino busca suprimir esa partida, porque consideramos que el Congreso no tiene las atribuciones legales para hacer procesos del ejecutivo, no tiene la capacidad instalada para dar ayudas sociales”.
“Por lo tanto, todo el recurso que ellos destinen para ayuda social, es un recurso que se pulveriza y que se usa de manera discrecional y que no tiene un impacto en la política social del estado”, subrayó Cinthya Dehesa.
