El Juzgado Séptimo de Distrito en Quintana Roo otorgó una suspensión definitiva con relación al amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), por la inconstitucionalidad de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Roo (LAHOTyDU) y por la entrada en vigor del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) de Tulum.
El incidente de suspensión fue dictado el pasado 13 de agosto, para efecto de que las autoridades responsables se abstengan de expedir o autorizar cualquier acto relativo a la asignación de destinos y usos de suelo con motivo de la aplicación del Ordenamiento urbano-ecológico, a fin de que no se concrete acto alguno derivado de ese programa, hasta la resolución final de la demanda.
La organización subrayó que con esta medida la autoridad judicial sienta un precedente fundamental “que puede impedir que en los otros once municipios de Quintana Roo se utilice este instrumento normativo para seguir modificando las densidades del suelo con fines de especulación inmobiliaria”.
El PMOTEDUS, bautizado a nivel local como un “Frankenstein”, es un instrumento híbrido de planeación urbana y política ambiental, contenido dentro de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos expedida el 16 de mayo de 2018, que invade competencias de la federación en materia ambiental.
Pese a ello, el gobierno del estado insiste en replicarlo en otros municipios, entre ellos, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Othón P. Blanco, pese a la oposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El 13 de mayo la Secretaría promovió una controversia constitucional en contra del PMOTEDUS de Tulum, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por invadir esferas de competencia federal y presentar “graves faltas e incongruencias que propician el deterioro ambiental del municipio y de Quintana Roo”.
La dependencia ambiental consiguió la suspensión del PMOTEDUS en junio, lo mismo que pobladores amparados el 22 de abril, a través del abogado, Alfonso Ocampo, en al menos dos distintos Juzgados. Uno más se adhirió a la suspensión correspondiente a la controversia constitucional.
El pasado 14 de mayo, a través del CEMDA, habitantes de Tulum promovieron el amparo en contra de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos y del Ordenamiento urbano-ecológico de Tulum, que entró en vigor el 31 de marzo, debido a que violan derechos constitucionales como el derecho humano a un medio ambiente sano, al agua, y al desarrollo urbano controlado y sustentable.
La demanda fue interpuesta en contra de titular de la Secretaría de Gobierno, Arturo Contreras; del director del Periódico Oficial y del Congreso de Quintana Roo, así como del ayuntamiento de Tulum.
Las consecuencias de la aplicación del PMOTEDUS en esa demarcación -advirtió el CEMDA- pueden significar la alteración del suelo, así como de los ecosistemas que alimentan el abastecimiento de agua de la región, causando afectaciones a la población tulumense.
El instrumento contempla el desarrollo en zonas de manglar, pese a que Tulum cuenta con manglares inscritos en la Convención Ramsar para la protección de humedales de importancia internacional, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna.
También densifica zonas inundables y compromete la salud ambiental de cenotes de agua dulce, ligados a las tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo maya.
La zona está rodeada por cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) federales como son el Parque Nacional de Tulum; la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an -ubicada en los municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto e incorporada en 1986 por la UNESCO en su Programa El Hombre y la Biosfera-; la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an y la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.
Además pone en grave riesgo de contaminación a la red de ríos subterráneos más grande del mundo y el acervo cultural y arqueológico existente en las cuevas acuáticas que existen en la región.
La organización especializada en Derecho Ambiental indicó que será en la audiencia constitucional cuando el juez determine si declara la inconstitucionalidad de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, pues se estima que deja de lado los avances en materia de ordenamiento ecológico y el desarrollo progresivo del derecho a un medio ambiente en Quintana Roo.
