En México se sigue presentando un alto número de graves agresiones contra quienes defienden los derechos humanos, exhibe un reciente informe de Amnistía Internacional presentado en el marco del Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos.
A pesar de los compromisos del gobierno de fortalecer el recién creado mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, éste no se ha concretado. Ello ha resultado en un mecanismo funcionalmente deficiente, dejando a varios activistas en situación de grave riesgo, advierte Amnistía Internacional.
Es así que activistas, abogados y abogadas, periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas: todos los defensores de los derechos humanos que ponen su vida y su libertad en peligro luchando por los derechos humanos siguen sufriendo intimidación, acoso y violencia en América Latina y el Caribe.
“La trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes como represalia por su trabajo.
“En diversos países hemos observado un incremento, inquietante y vergonzoso, del nivel de violencia y represión que padecen estas personas sólo por defender los derechos humanos y la justicia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de esta organización civil internacional.
Los detalles del informe
El informe se basa en casos de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En lo relativo a México, la organización civil, Amnistía Internacional destacó el caso de Bettina Cruz Velázquez, integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), como ejemplo de cómo se utilizan los sistemas judiciales para reprimir a quienes defienden los derechos humanos y para impedir su trabajo.
Desde el 2011, la cofundadora de la APIITDTT, Bettina Cruz se enfrentó a cargos penales infundados de privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza nacional”.
Su único “delito” ha sido proteger los derechos de los pueblos indígenas en relación con la construcción de un parque eólico en sus tierras.
Actualmente, está a la espera que laProcuraduría General de la República (PGR) no apele la decisión que determinó que los cargos eran infundados.
Instamos a los gobiernos de toda la región a hacer frente al desafío y cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, para que así estas personas, fuente de inspiración, puedan continuar con su lucha en favor de los derechos”, demandó la directora, Erika Guevara Rosas.
