La coalición Va por México (PAN-PRI y PRD) exige la nulidad de las elecciones a gobernador en Michoacán, Campeche, San Luis Potosí y Guerrero, por rebase de gastos de campaña, violencia, guerra sucia e intromisión del crimen organizado.
De acuerdo con un comunicado del PRD, el dirigente nacional del partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que “el proceso electoral no concluye todavía y por ello los cantos de victoria de quienes dicen que arrasaron son los estados son solamente sobre la base de un cúmulo de irregularidades, violaciones constitucionales ilegales y con la agravante de que además lo hicieron de la mano del crimen organizado”.
En conferencia de prensa conjunta con sus homólogos del PAN y del PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, el líder perredista denunció las violaciones constitucionales que se detectaron en el estado de Michoacán en el proceso electoral. Expresó que el propio gobernador Silvano Aureoles se presentó en Palacio Nacional para demostrar las pruebas que involucran al crimen organizado con Morena, después de que el presidente López Obrador pidiera evidencias en su mañanera del 24 de junio.
“Estos hechos no se tratan de asuntos electorales, sino de un asunto de la mayor relevancia que tiene que ver con la seguridad nacional y que debería ser atendido por el propio presidente”, aseveró.
Además, hizo hincapié en que la presencia de la delincuencia organizada en toda la región de Tierra Caliente, en Michoacán, es de los factores más importantes para anular estas elecciones
“De las principales irregularidades que hemos detectado, además de la presencia del crimen organizado, es que en más del 80 por ciento de las casillas instaladas en el estado de Michoacán el pasado 6 de junio presentaron irregularidades, lo cual, según la propia legislación electoral, es suficiente para que la elección sea anulada. Dice la ley que, si se rebasa el 20 por ciento de casillas con irregularidades, las elecciones tendrían que ser anuladas,”, mencionó Zambrano Grijalva.
Por su parte, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, detalló que, en el caso de San Luis Potosí, uno de los aspectos más claros por los cuales se debe anular la elección es porque el candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo, rebasó los topes de campaña en al menos el 24 por ciento, al sumar 36.2 millones de pesos, esto es, 7 millones más del monto autorizado por la ley.
Explicó que el artículo 41 de la Constitución mexicana establece como violación determinante al resultado electoral cuando la candidatura supera el cinco por ciento de los gastos de campaña permitidos, siempre que la diferencia entre el primer y el segundo lugar en esa elección sea menor al cinco por ciento, de acuerdo con otro comunicado del PAN.
Asimismo, explicó, está el proselitismo electoral de los “influencers” del Partido Verde el día de la elección, extravío de 8 mil 814 boletas de la elección de gobernador y las múltiples irregularidades detectadas en las actas electorales, como la falta de folios.
“El conjunto de elementos que hemos presentado, las violaciones sistemáticas a la Constitución, a la normatividad, a la ley, a la cadena de custodia, generan todos los elementos suficientes para que quienes conformamos la coalición Sí por San Luis Potosí, digamos claro y fuerte que exigimos la nulidad de esta elección y que se reponga el proceso en una elección extraordinaria”, reclamó.
En su oportunidad el presidente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, destacó que en las elecciones de Campeche hubo una abierta intervención de la Iglesia y del Ejecutivo Federal, mediante la difusión de programas sociales, por lo que se solicitó la nulidad de la elección. Mientras que en el estado de Gurrero, indicó, hubo dispendio de recursos y participación de la delincuencia organizada.
En ambos casos, el líder priista pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estar atentos a estos señalamientos, de acuerdo con un comunicado del PRI.
Alejandro Moreno reiteró que el bloque opositor conformado por estos tres institutos políticos trabaja ya en la coalición legislativa, a fin de que Morena no vuelva a atropellar la Carta Magna y hacer cambios constitucionales a capricho y con ocurrencias.
El titular del Revolucionario Institucional insistió que con la coalición legislativa de “Va por México” no se permitirán reformas a la ley para que los mexicanos paguen un servicio de luz costoso e ineficiente y trabajarán para que la rectoría de la Guardia Nacional conserve un mando civil.
