El desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue avalado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados solo por defraudación fiscal de 6.5 millones de pesos, delito que es sancionado con prisión de tres a nueve años.
En el dictamen aprobado el miércoles y publicado este jueves en la Gaceta Parlamentaria, esa instancia jurisdiccional concluyó que los otros dos delitos que se le imputan, delincuencia organizada y lavado de dinero, fueron acreditados parcialmente por la Fiscalía General de la República (FGR), pero precisó que podrán ser comprobados en el juicio penal en su contra.
Además, acotó que, a lo largo del proceso, que se inició por la solicitud de desafuero, se evidenciaron probables delitos como la compra no aclarada de bienes inmuebles por 228 millones de pesos por parte del gobernador y sus familiares, así como el uso de una empresa fantasma para triangular recursos en la compra de un departamento en Santa Fe por 14.3 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones, y las ganancias se depositaron en la cuenta bancaria del gobernador surgido del PAN.
La Sección Instructora explicó que el delito de defraudación fiscal quedó acreditado porque en el año fiscal 2019, García Cabeza de Vaca reportó ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 6 millones 694 pesos.
En realidad, sus ingresos ascendieron a 42 millones 936 mil 272.75 pesos, esto es una diferencia de 36 millones 935 mil 588.5 pesos.
“Por ese motivo, el contribuyente emitió parcialmente el pago de impuestos federales, obteniendo con dicho accionar un beneficio indebido para sí y en perjuicio del fisco por la cantidad de seis millones 511 mil 777.57 pesos”.
Con ello, el gobernador se situó “en la hipótesis delictiva consistente en consignar en sus declaraciones deducciones falsas, o en este caso, ingresos menores a los realmente obtenidos”.
