POR L.C Y L.D. DIEGO ARMANDO OROZCO JUÁREZ.
En nuestro país, el sistema democrático recae, conforme al artículo 49 de nuestra Constitución, en los denominados Poderes de la Federación, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), por lo que, las facultades de cada uno de los representantes de dichos poderes se encuentran debidamente distribuidas y limitadas, a efecto que el sistema de gobierno no se puede concentrar en una sola figura y se establezca contrapesos que permitan un eficaz sistema de gobierno.
Para fortalecer el estado de derecho, es imprescindible que estos poderes actúen de forma independiente y siempre en beneficio del bienestar social, orden público y en general, del desarrollo de nuestro país.
Actualmente, estamos frente a un ejecutivo que ha demostrado tener buenas intenciones, pero sin un contrapeso real en el poder legislativo, en el entendido que la bancada en las cámaras, pertenecen a su mismo partido; de ahí que cobre especial relevancia, contar con un Poder Judicial totalmente independiente y sólido.
Sobre esa base, abordaremos la iniciativa de reforma del Poder Judicial, avalada en la Cámara de Senadores, la cual si bien es cierto que en su contenido tiene aspectos favorables pues fortalece a la Suprema Corte, estableciendo paridad de género, formación judicial y sanciones más duras contra actos de corrupción; también es cierto que su artículo décimo tercero transitorio, atenta contra el estado de derecho, toda vez que en amparo a dicha disposición, se pretende ampliar el periodo del Ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte por dos años más y el mandato de los consejeros hasta el año 2026.
Sin duda, esta reforma pone en riesgo la independencia del Poder Judicial de la Federación, en la inteligencia que las ampliaciones estipuladas, son a todas luces inconstitucionales, pues expresamente el artículo 97 de nuestra Constitución, estatuye que cada cuatro años, el pleno elegirá entre sus miembros, al Presidente de la Suprema Corte, mientras el artículo 100 de la misma Constitución, estipula que los Consejeros durarán cinco años en su cargo y serán sustituidos de manera escalonada.
Aunado a lo anterior, el hecho que a través de este artículo se amplié la presidencia de la corte, también constituye una invasión de facultades, en virtud que el dispositivo constitucional señalado en el párrafo anterior, tajantemente establece que la elección de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a través de los miembros que la integran y no a través de una decisión unilateral por parte de otro poder distinto al Judicial.
A partir de aquí, surge la interrogante de cómo afecta esta situación y la respuesta es sencilla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la representación del pleno y es el encargado de llevar su administración, mientras que el papel de los Consejeros es nombrar a todos los jueces y magistrados de todo el Poder Judicial, es decir, de aprobar esta reforma, existirá una intervención directa de los otros poderes, en el multicitado Poder Judicial de la Federación, cuya función principal es proteger los derechos fundamentales que emanan de la constitución, de tal manera que, entre otras cuestiones, esto implicaría, que se aprobaran reformas que contravengan derechos y límites establecidos en la Constitución.
Pero además, lo más alarmante es que de aprobar esta reforma, podría ser la antesala que diera lugar, a que en un futuro no tal lejano, se ampliará el mandato del mismo presidente o de los representantes del poder legislativo, sin importar la duración en lo cargos que establece nuestra constitución Política.
La inconstitucionalidad es tan clara, que el 15 de abril del año en curso, el mismo Consejo de la Judicatura, informó a través de un comunicado, que la ampliación de mandato del Presidente de la Corte, así como de los consejeros, no fue elaborada, ni mucho menos solicitada por ellos
Desde mi punto de vista, la resolución de este asunto va a sentar un precedente histórico, favorable o desfavorable para los sujetos que intervengan, en razón que, en esta etapa, está al alcance de los diputados el detener esta evidente transgresión a nuestra constitución, pues aunque parezca increíble de aprobar esta reforma en la Cámara de Diputados y ante una eventual impugnación, sería el mismo Poder Judicial de la Federación, el encargado de dirimir la constitucionalidad de este dispositivo.
