La ex presidenta municipal de Tulum y tres ex servidores públicos de su administración (del periodo 2016 – 2018), deberán pagar más de un millón de pesos por daños al patrimonio, luego de las imputaciones que realizó la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
Esta decisión se tomó el día de hoy, durante la audiencia de imputación por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en contra de la y los ex servidores públicos, en lo que respecta a la carpeta administrativa 74/2020.
Durante esta etapa procesal, la defensa especifica de R. D. C., ex presidenta municipal; S. P. C., ex tesorero municipal; O. I. Z. A., ex oficial mayor; así como B. A. M. M., ex director de ingresos, solicitó un acuerdo reparatorio, en virtud de que se trata de un delio patrimonial cometido sin violencia.
Previo debate, el apoderado legal y asesor jurídico del Ayuntamiento de Tulum, tuvieron la palabra para afirmar que no tenían oposición alguna a dicho acuerdo.
Es por esa razón que el Juez de la causa determinó turnar dicho caso al Centro de Justicia Alternativa para su discusión, conciliación y firma de acuerdo, dentro de un plazo no mayor a 30 días.
De acuerdo con el caso, al momento de los hechos, la ex funcionaria y sus colaboradores otorgaron ilícitamente el contrato de prestaciones de servicio identificado con la terminación RP/014/2017; esto quiere decir, que firmaron y autorización el mismo con fecha 1 de octubre de 2017.
Este procedimiento lo realizaron a favor de la persona moral denominada Impulso Empresarial Becka S. A. de C. V., por la cantidad de un millón 049 mil 858 pesos (cantidad que deberá ser devuelta a las arcas municipales).
