Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa de reforma en la que se establece que el Presidente de la República, su gabinete y el Fiscal General de la República presenten un informe de su estado de salud mental, que sea público y accesible a la población.
En específico, se establecen reformas a los artículos 69 y 82 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, “a fin de conocer del estado de salud mental del Presidente de la Republica, los Secretarios, Subsecretarios de Estado y del Fiscal General de la República porque es información de interés público y quedará exceptuada de la protección y reservas de ley”.
En su iniciativa se pide que, antes de tomar el cargo y ya electo al inicio de cada Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, el Presidente de la República presente un examen médico donde se haga constar la buena salud mental, de él como titular del Poder Ejecutivo Federal, de los Secretarios, Subsecretarios de Estado y del Fiscal General de la República.
“Esta iniciativa establece que, para ser Presidente de la República se requiere: tener un buen estado de salud mental, que deberá acreditarse con los estudios clínicos y dictámenes médicos de conformidad con las normas aplicables y la ley en la materia, así como hacerse públicos, noventa días antes del día de la elección. Y tampoco tener padecimientos mentales ni los comprendidos en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83”, indica la iniciativa presentada por la diputada Adriana Dávila y apoyada por otros 40 legisladores del Partido Acción Nacional.
Hay el registro de por lo menos siete solicitudes de información a distintas dependencias federales en las que se les requirió el expediente clínico, la valoración médica y resultados de las pruebas físicas realizadas al presidente López Obrador, mencionó Dávila, “mismas que se han dado respuesta negativa con el mismo argumento: es información confidencial por tratarse de datos personales o como información inexistente”.
El hacer del conocimiento público esta temática, concluyó, “impide las especulaciones, pero corresponde a los actores políticos en el gobierno tratar de evitarlas con información oportuna, completa y confiable”.
