Las ocho mujeres que fueron arbitrariamente despedidas por la nueva directiva del Instituto del Deporte Municipal piden que se les pague una indemnización conforme lo que establece la ley, toda vez que la dependencia únicamente les quiere pagar una raquítica cantidad de dinero por el tiempo que prestaron sus servicios como personal de confianza.
En una rueda de prensa que ofrecieron ante medios de comunicación, las ocho ex trabajadoras del Instituto del Deporte Municipal de Solidaridad expresaron que actualmente se encuentran profundamente agraviadas por la actitud misógina y de abuso de poder que ha adoptado la nueva directiva ahora a cargo de Nelson Ceballos Castilla, además del hostigamiento e intimidación de la cual fueron objeto.
Las ex trabajadoras señalaron como responsables directos al director general Nelson José Ceballos Castilla, al subdirector Jorge Rodriguez Escalante y al abogado del DIF Jesús Canul Alborez, quienes tras citarlas una a una en el deportivo Mario Villanueva, las pusieron en una situación de indefensión e intimidación absoluta.
“La nueva administración nos agredió mediante hostigamiento e intimidación y argucias legales, incitándonos a firmar nuestras cartas de renuncia ofreciendo un finiquito insultante por el trabajo brindado y amenazándonos con retener el pago de nuestro salario y con la inhabilitación dentro de la función pública”, explicaron las agraviadas.
Dijeron que el argumento que se les dio para que firmaran sus renuncias fue de que simplemente tenían que hacerlo “porque así es la política”, por lo que si no accedían a firmar, se les retendrían sus salarios y serían inhabilitadas dentro de la función pública, algo que consideraron inverosímil, pues ellas no son políticas, sino únicamente trabajadoras que solamente piden lo justo.
Mas allá de la violación a los derechos laborales como trabajadoras, las manifestantes consideraron que lo anterior no es un hecho aislado, sino que responde a una actuación genérica en contra de las mujeres trabajadoras. Muestra de ello es que dentro de este cambio en la administración del Instituto, se despidió únicamente a ocho mujeres y por el contrario, a ningún hombre se le despidió.
Señalaron que están conscientes que con la llegada de una nueva directiva, hay cambios sustanciales que deben responder a las nuevas necesidades operativas, ante lo cual dijeron estar en la mejor disposición de aceptar estos cambios sin ningún tipo de conflicto, sin embargo, esto de ninguna manera implica que se les deban de negar sus derechos laborales tal y como pretenden hacerlo, motivo por el cual piden que se les indemnice conforme a la ley.
Y es que según denunciaron, estos funcionarios quisieron obligarlas a firmar su carta de renuncia y así pagarles finiquitos de hasta cinco mil pesos por el tiempo laborado, tiempo en el que dijeron, nunca tomaron vacaciones y además las incapacidades médicas no les eran tomadas en cuenta.
Por ello, ya ingresaron una denuncia ante la Contraloría Municipal, dependencia que hará las investigaciones pertinentes de forma administrativa, por lo que las ahora ex trabajadoras están pidiendo a las autoridades es que se sienten a negociar y entiendan cual es la perrogativa humana debido a que sus derechos humanos han sido violentados, pues consideran que como mujeres no pueden ser tratadas del modo en como fueron tratadas por estos funcionarios.
