Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), anunció que se cuenta con al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios y particulares como parte del avance de los procedimientos administrativos sancionadores por presuntas irregularidades en la adquisición de los 20 ventiladores en el IMSS en Hidalgo a una empresa de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE.
En un comunicado, la funcionaria apuntó que el pasado 8 de mayo se levantó el acta administrativa para la devolución de estos equipos, que ya fueron entregados al proveedor.
La funcionaria señaló que tras las diligencias de investigación y visitas de verificación e inspección, que iniciaron desde el 1 de mayo, ya se cuenta con elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades.
El pasado 17 de abril, la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Bartlett, firmó un contrato con el IMSS de Hidalgo en el que se comprometió a vender 20 ventiladores por 31 millones de pesos, es decir, cada ventilador tuvo un costo de un millón 550 mil pesos.
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Ayer, el IMSS informó que tras la revisión técnica de los equipos se determinó que los ventiladores comprados a Bartlett Álvarez no reunían los requerimientos y características técnicas-funcionales acordadas en el contrato, por lo que fueron devueltos y aseguró que hasta el momento no se ha erogado ningún recurso por este contrato.
Irma Eréndira Sandoval aseguró que la SFP, en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre, aseguró, las garantías del debido proceso de los involucrados.
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Dijo que, a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, en este caso “no se permitió que se consumara un daño al erario. Gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la SFP en esta gestión se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados.
“En el pasado se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”, agregó.
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En este sentido, la titular de la SFP apuntó que en el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales “se impondrán con rigor las sanciones que correspondan, con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas, y, en cualquier caso, se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones”.
