El sector turístico ha alzado la voz ante las medidas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para sortear la crisis de la pandemia, coincidiendo en un desacuerdo mutuo y en exigir al mandatario más apoyo para la recuperación de un sector vital en la economía del país.
Así lo señalan los hoteleros en cabeza del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan Fernández, quien ha hecho un nuevo llamado a AMLO para que vea al sector turístico de México como “una alternativa real de desarrollo económico” y que, como toda actividad, requiere del apoyo e impulso conjunto con la iniciativa privada para hacer frente a la crisis que ha generado la pandemia del Covid-19, publica El Economista.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), Lenin Amaro Betancourt, ha puesto la voz de alarma en el futuro del Caribe mexicano asegurando que se avecina una de las épocas más obscuras para el destino. Así, ha instado a las autoridades a apegarse al mandato constitucional toda vez que es de interés general y de sobrevivencia de la actividad turística y declare emergencia nacional, como se está haciendo a nivel mundial y activen los mecanismos que rescaten a la economía del país y de Quintana Roo.
La voz institucional la ha dado la secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas, quien ha admitido que no están de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) que pidió a estados y municipios recursos económicos para financiar la campaña digital de promoción turística anunciada.
Para Vanegas esto es inviable porque la prioridad es impulsar a la población afectada. Así, ha aclarado que Quintana Roo está en una estrategia de protección al sector y no tienen contemplado hacer aportaciones económicas a la estrategia federal.
El Sector, por su parte, ha intentado negociar con sindicatos para preservar los puestos de trabajo durante esta crisis. Es el caso de los hoteleros en Cancún que llegaron a un acuerdo para garantizar el trabajo de 30.000 empleados pese al cierre de más de 90 establecimientos
