CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, giró instrucciones a todas las dependencias públicas del gobierno federal para que suspendan de su cargo a cualquier funcionario en activo que haya estado vinculado con el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Mediante un oficio al que Proceso digital tuvo acceso, Durazo Montaño explicó que por instrucciones presidenciales cualquier funcionario ligado a García Luna debe ser separado de su puesto para evitar “complicidades” con gobiernos anteriores.
“Me permito transmitir a ustedes la instrucción presidencial girada en el Gabinete de Seguridad –expresada también en la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo federal, el pasado martes 10–, en el sentido de suspender a las y los servidores públicos vinculados a Genaro García Luna que aún permanecen en el actual gobierno con tareas relevantes”, destaca el documento.
El oficio destinado a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado está fechado el 25 de marzo de 2020 y en él se advierte que el objetivo “es evitar cualquier relación de complicidad con los anteriores gobiernos, en particular con el gobierno de Felipe Calderón”.
La orden, de acuerdo con el escrito, es extensiva a todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
El oficio está firmado por Alfonso Durazo en su calidad de secretario técnico del Gabinete de Seguridad, y marca una copia directa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Fuentes consultadas por Proceso digital señalaron que este oficio llegó apenas este jueves a todas las secretarías de Estado y también a organismos descentralizados del gobierno federal.
El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó ayer que le sea otorgada la libertad condicional, argumentando que tiene temor a contagiarse de Covid-19, por lo que sus abogados ofrecieron el pago de una fianza de 2.2 millones de dólares.
La solicitud deberá ser analizada por el juez Brian Cogan, encargado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn.
