Ciudad de México, 22 de octubre .– Han pasado 26 días desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron levantados por policías municipales de Iguala, Guerrero, sin que hasta el momento autoridades estatales o federales tengan indicios de su paradero.
En ese contexto, el Senado de la República convirtió en el epicentro de debate la responsabilidad del Gobernador Ángel Aguirre Rivero en los hechos y la posible ingobernabilidad en que ha sumido a la entidad. Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtieron en el fiel de la balanza que determinará la permanencia o la salida del Gobernador, debido a que la postura de Acción Nacional (PAN) es clara e insiste en desaparecer los poderes en la entidad porque es evidente que Aguirre no ha podido resolver la crisis por la que atraviesa la entidad. Los priistas dieron un cambio radical a su postura inicial sobre la gobernabilidad el Guerrero al pronunciarse por primera vez en la tribuna de una de las cámaras del Congreso sobre la salida del Gobernador Ángel Aguirre. “Reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caído el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución mientras éste permanezca en el cargo”, afirmó el vicepresidente del Senado, Arturo Zamora Jiménez, a nombre de la bancada priista. Sólo pocas horas antes, los priistas se habían pronunciado por mantener intacto al gobierno en Guerrero, al rechazar la solicitud panista para desaparecer los poderes en Guerrero, aunque miles de guerrerenses han salido a las calles para exigir la renuncia del Gobernador Ángel Aguirre Rivero por su incompetencia para encontrar a los jóvenes desaparecidos. A pesar de los reclamos ciudadanos contra la forma en que Aguirre Rivero ha manejado la situación, que incluso han traspasado las fronteras, la Comisión de Gobernación resolvió que no se puede declarar ingobernabilidad en la entidad debido a que los diputados locales y los jueces trabajan con normalidad en la entidad. El dictamen para rechazar la desaparición de Guerrero se construyó con base en los testimonios de Lambertina Galeana Marín, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, así como de la Diputada local Laura Arizmendi Campos, Presidenta del Congreso de Guerrero, quienes alegaron que ambos poderes trabajan normalidad. El Poder Legislativo, también presentó pruebas documentales de que sesiona periódicamente en la sede del Congreso. A pesar de algunas manifestaciones que han terminado en actos vandálicos, dijo el Congreso estatal no ha sido necesario cambiar de sede, ni se ha interrumpido ninguna de las sesiones. “No se encuentra en el caso del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ellos entregaron pruebas documentales públicas, certificadas ante un Notario. La actividad, por ejemplo, del Poder Judicial se desarrolla con normalidad, no se ha visto interrumpida, los juzgados están abiertos”, dijo en entrevista la Senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. “[En el caso del Legislativo] mostraron sus actas. Inclusive me llamó la atención, porque viene un acta, que entregaron un reconocimiento “Neri”, un reconocimiento cívico a un ciudadano. Y la última que vi, fue que envió el Ejecutivo, el estado, su paquete fiscal”, agregó la priista. Sin embargo, Acción Nacional nunca estuvo de acuerdo con la versión priista de que en Guerrero no pasa nada malo. “El abandono, la ausencia de las autoridades políticas a lo largo del tiempo que ha motivado, entre otras cosas, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año de 2012 y 2013, y el evidente estado de deterioro institucional que tiene la entidad federativa”, reconoció el Senador panista Roberto Gil Zuarth. Por lo que pidió a la Comisión de Gobernación declarar un receso para analizar la posibilidad de ganar tiempo para que se introdujera en el dictamen las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos en Iguala. El líder de los senadores panistas señaló que el Senado no ha realizado ninguna investigación de campo en Guerrero para reconocer si hay ingobernabilidad o no. Dijo que tampoco tomó en cuenta las cinco mil firmas de todos los sectores productivos guerrerenses, incluyendo organizaciones sociales y empresariales, que se quejan de la falta de gobernabilidad en la entidad. “Lo que nosotros le pedimos a la Comisión de Gobernación es que no podíamos concluir, a través de intercambio de cartas, donde se le pide al Presidente del Congreso que venga o a la Presidenta del Supremo Tribunal que diga si están funcionado los poderes. Pues claro que van a decir que sí [funcionan los poderes], pues la desaparición de poderes implica que ellos se vayan y dejen de cobrar”, sostuvo el líder parlamentario. Tras un día completo de negociaciones entre las tres principales fuerzas políticas, en donde hasta el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, se presentó al Senado para participar de los acuerdos, el Senado d aprobó ampliar hasta el 30 de octubre la fecha para que la Comisión de Gobernación entregue el dictamen final sobre la posibilidad de decretar la desaparición de poderes en Guerrero, a fin de realizar la investigación sobre el estado de gobernabilidad en la entidad.
