Por considerarla improcedente, el ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) José Fernando Franco González-Salas, desechó la acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la llamada "Ley Bonilla", con la que se amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en el estado de Baja California.
El ministro González-Salas señaló en la lista de acuerdos que la improcedencia de la acción interpuesta por el INE era evidente.
Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la acción de inconstitucionalidad 124/2019, promovida por quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral".
Sin embargo, vale mencionar que a la fecha suman siete los medios de control constitucional que se interpusieron para impugnar la ampliación de mandato en Baja California, los cuales si fueron admitidos a trámite por el mismo ministro.
Dichos recursos han sido interpuestos o promovidos por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, el Partido de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El pasado 28 de octubre, el máximo órgano judicial del país negó la suspensión de la “Ley Bonilla”, estableciendo que dicha norma es de carácter tracto sucesivo; es decir, que en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos, por lo que el hecho de que el gobernador electo rindiera protesta, no impide que la SCJN pueda resolver dicho tema con posteridad.
Tras la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador en esa entidad, el pasado 1 de noviembre, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, recordó que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” es la propia Corte.
