La zona fronteriza que va de Baja California y Chihuahua, atravesando Sonora, es considerada por la Agencia para el Control de Drogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) como un punto rojo para el narcotráfico, por lo que la vigila de cerca.
Fue justo en el centro de esa zona, en el límite entre Sonora y Chihuahua, donde ayer fueron atacados por un comando integrantes de la familia LeBarón, una comunidad México-estadunidense, lo que dejó como saldo seis niños y tres mujeres muertas.
Esta zona que colinda con el estado de Arizona es, de acuerdo con la DEA, utilizada por el cártel de Sinaloa para introducir a Estados Unidos toneladas de mariguana, metanfetamina, heroína y cocaína.
"(El cártel de) Sinaloa explota rutas bien establecidas en Arizona y ha perfeccionado los métodos de contrabando para abastecer redes de distribución de drogas ubicadas en todo Estados Unidos. El estado mexicano de Sonora, es el hogar de plazas clave para el tráfico de drogas, que son controladas por (el cártel de) Sinaloa", se lee en su propuesta presupuestal para el 2020.
De acuerdo con el documento, al que MILENIO tuvo acceso, dicha zona es mayoritariamente “desierto y montañas deshabitadas”, por lo que presenta, de acuerdo con su análisis, “una variedad de desafíos para las fuerzas del orden”.
Las oficinas de la DEA más cercanas al lugar del ataque son las ubicadas en Nogales, Sonora, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. En México existen otras nueve oficinas de la DEA de acuerdo con un mapa incluido en el documento.
El texto la DEA también explica que el cártel de Sinaloa está creciendo su influencia en Arizona "a medida que continúa ganando el control de corredores y rutas adicionales de tráfico de drogas en Sonora y la vecina Baja California".
Motivo por el que se incluye la frontera de Arizona en su listado de 29 áreas de alta intensidad en tráfico de drogas (HIDTA, por sus siglas en inglés). En 2020 planea desplegar en la zona a 767 agentes de diferentes niveles de gobierno que colaboran en el programa HIDTA, que contará con un presupuesto estimado de 254 millones de dólares.
El programa dirigido a combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos fue creado en 1988 y dependía originalmente de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, pero desde el 2019 la DEA se hace cargo de su operación.
