De acuerdo con la información conocida del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, elaborado en forma conjunta por la Secretaría de Educación Pública y el INEGI, una pequeña porción de los maestros que integran la nómina educativa no cuentan con ningún grado de estudios, es decir, ni siquiera con un certificado de primaria.
Se trata de un número muy pequeño, sobre todo si se les compara con el total de mentores que integran el cuerpo docente en el país. En Coahuila -quinta entidad mexicana con la mayor incidencia de tal fenómeno- se detectaron 212 casos de “profesores” sin estudios.
Independientemente de lo irregular que resulta tener alumnos a cargo de una persona que carece de la formación profesional para desempeñar esa tarea, la pregunta obligada es ¿cómo fue posible que a la nómina magisterial llegaran 212 personas que no son maestros… ni nada?
Sólo dos respuestas se antojan posibles para tal circunstancia:
La primera es que las autoridades educativas carecen de mecanismos de verificación que garanticen el otorgamiento de plazas docentes únicamente a quienes acrediten el cumplimiento estricto de los requisitos relativos al perfil de puesto y que deben incluir, por lo menos, acreditar ciertos estudios.
La segunda es que estamos ante un ejemplo más de cómo la corrupción dominante en el sistema educativo del país ha hecho posible convertir en maestros a personas que ni siquiera cuentan con estudios de primaria.
¿Quién o quienes estuvieron a cargo de la cadena de decisiones necesaria para dar de alta a una persona en la nómina magisterial en circunstancias tan irregulares como estas?
Porque una cosa si es muy clara: no estamos ante un “caso aislado”, ante un “accidente” producto de un descuido “que a cualquiera le pasa”. Estamos claramente ante un hecho deliberado que se ejecutó al menos 212 veces con todo conocimiento de causa.
Más allá de las declaraciones y de las autoexculpaciones anticipadas, este hecho demanda una investigación puntual y el fincamiento de responsabilidades a quienes permitieron una irregularidad de esta magnitud en la nómina magisterial de Coahuila y del país.
No se trata de un hecho anecdótico ni de un asunto de poca monta. Se trata de un hecho de la mayor trascendencia que no puede ser soslayado ni pasado por alto. Se trata de un hecho cuyos orígenes son fácilmente rastreables y por ello mismo de un hecho de fácil esclarecimiento.
Más de 200 personas ingresaron a la nómina magisterial de Coahuila y alguien las dejó entrar; alguien se encargó de corromper el sistema y alguien se ha encargado desde entonces de justificar el gasto que mensualmente representan y que constituye, en última instancia, un atraco a las arcas estatales y un agravio a los contribuyentes.
Es de esperarse que las autoridades no permanezcan impasibles ante el hecho.
